ESTADO DE LA DOCTRINA JUDICIAL DE LA REPOSICIÓN IN EXTREMIS. MUESTREO JURISPRUDENCIAL

1.	Introducción

Se identifica al recurso de reposición expresando que es el que tiene por objeto la corrección de errores de tipo sustancial o formal que contuviesen las providencias simples de modo que puedan ser superados mediante su modificación (o bien anulando el pronunciamiento del que se trate) por la intervención del mismo juez o tribunal que las hubiese dictado o por el magistrado o tribunal en cuyo nombre hubiesen sido proveídas1. Esto último porque en ciertos supuestos2 dicho recurso se interpone respecto de la decisión emitida por un miembro de un tribunal colegiado y en nombre de éste, para ante el colegio en pleno y con el propósito de que deje sin efecto lo resuelto por uno solo de sus integrantes. Es preciso recordar que son “providencias simples”3 las que sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución, lo que interesa sobremanera puesto que como surge de la descripción arriba aportada tal tipo de decisión es –como regla– la única susceptible de ser motivo de un recurso de reposición. Sin embargo, la referida regla tiene excepciones. Así es que se registran casos –aislados y puntuales– en el panorama de los ordenamientos procesales civiles, en los que se reputa viable interponer reposición respecto de resoluciones interlocutorias4 y aun en relación a determinadas decisiones de mérito. Pero, ampliamente, prevalece el criterio que circunscribe la proponibilidad de la reposición o revocatoria para cuestionar providencias simples.
Ahora bien: de lo que aquí se trata no es de dar noticia sobre la reposición “tradicional” sino sobre una variante de la misma, per-geñada como último “recurso” (valga la redundancia) para impedir injusticias notorias. De ahí, lo de in extremis. Sobre el particular ya hemos tenido oportunidad de señalar que en supuestos excepcionales se ha considerado, pretorianamente, a sentencias interlocutorias y aun a sentencias finales (que inclusive habían adquirido firmeza) como susceptibles del recurso de reposición. Claro está que ello sólo ha ocurrido mediando la posibilidad de la consumación de una grave injusticia como derivación de un yerro judicial. Por ello, por su característica de último remedio contra eventuales injusticias no susceptibles de ser subsanadas por otras vías (por no existir o ser de muy difícil acceso) es que hablamos y pontificamos sobre la reposición in extremis5. Plurales voces doctrinarias6 se han expedido en sentido concordante al precitado. Hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha podido sustraerse a la necesidad de acudir a la figura que nos ocupa. Así es que, por ejemplo, ha declarado que: “Dado que las sentencias de la Corte Suprema pueden excepcionalmente ser corregidas en supuestos de error de hecho evidente, corresponde revocar la sentencia que omitió valorar que la decisión apelada generaba consecuencias de insuficiente o imposible reparación ulterior que la convertían en sentencia definitiva a los fines del art. 14 de la ley 48”7.
En verdad, el primer precedente del Tribunal cimero nacional que hemos encontrado de reposición in extremis data de 1922 y recayó en una causa criminal8. Después, y sin pretensión alguna de agotar el catálogo, podemos citar los siguientes antecedentes:
1)	“Los jueces deben determinar la verdad sustancial, pues sólo así se presta un adecuado servicio de justicia. De modo que –ponderando la manifiesta contradicción que existe entre el fundamento de un fallo de la Corte y su decisorio– corresponde corregir el evidente error material de copia, inadvertido en tiempo oportuno, en la parte dispositiva de la presente que –según surge del borrador respectivo– debía obviamente confirmar el fallo apelado y en cuya parte dispositiva se consignó lo contrario”9. En este decisorio hasta se había consentido la resolución de la Corte en la parte a la postre dejada sin efecto;
2)	“Si bien como principio el recurso de reposición no procede contra la sentencia de la Corte, corresponde hacer excepciones a dicha jurisprudencia en el caso en que el tribunal resolvió desestimar el recurso de queja por haber sido presentado fuera del término que prevé el art. 282 del CPCN, teniendo en cuenta para ello la manifestación efectuada por la propia recurrente en punto a la fecha en que se le había notificado la denegatoria del recurso extraordinario, si de los autos principales, requeridos con posterioridad, surge una fecha distinta a la manifestada de lo cual resulta que se había deducido en término”10.
3)	“Dado que las sentencias de la Corte Suprema pueden excepcionalmente ser corregidas en supuestos de error de hecho evidente, corresponde revocar la sentencia que omitió valorar que la decisión apelada generaba consecuencias de insuficiente o imposible reparación ulterior que la convertían en sentencia definitiva a los fines del art. 14 de la ley 48”11;
4)	“Procede el recurso si se incurrió en un error material al consignar la hora en el cargo del escrito original, razón por la cual el recurso extraordinario debe considerarse interpuesto en término”12.

2.	Trayectoria del instituto

Desde el ya algo lejano 199213 hemos venido formalizando aportes para mejor delimitar el torso de esta nueva figura procesal. Afortunadamente, existe el respaldo de numerosos precedentes judiciales –algunos de los cuales incluimos en el archivo jurisprudencial anexo– que no sólo se pronuncian, decididamente, en pro de su ideario, sino que también concretan puntualizaciones que –lo confesamos– habían escapado a nuestra percepción. Tanto es así que a raíz de dichas resoluciones judiciales es que hemos modificado varios de nuestros planteos primigenios en la materia. Por tratarse de un instituto en pleno laboreo, no puede extrañar que sus contornos y alcances no se encuentren absolutamente consolidados, viniendo a explicar ello las marchas y contramarchas que el lector podrá advertir si compulsa la totalidad del material –doctrinario y jurisprudencial– publicado sobre el rubro.
De todos modos, el núcleo permanece inalterado, y esto es lo que interesa. Lo que sigue pretende ser la expresión del estado actual de la reposición in extremis que, quizás, no sea el de mañana, aunque sospechamos que la referida figura ya ha alcanzado un grado de madurez que hace que no deban esperarse cambios radicales en lo medular de la misma.
La consulta del archivo jurisprudencial que se ha colocado al final confirma que la doctrina de la reposición in extremis ya está firmemente instalada y que sólo resta ajustar detalles.

3.	¿Por qué recurso de reposición?

Como se sabe, la revocatoria es un recurso proponible en cualquier grado jurisdiccional, lo que no sucede con otros (v.gr., el de apelación) que no pueden dirimirse en instancias inferiores. Juntamente con el de aclaratoria son los únicos recursos que se pueden hacer valer en cualquier instancia. Además, el recurso de revocatoria es el único que permite modificar, en lo sustancial, un acto decisorio erróneo por mano del mismo tribunal que lo emitiera, y como se sabe el recurso de revocatoria o reposición, también es idóneo para declarar, en algunas hipótesis, nulidades14. En reiteradas ocasiones15 inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado sin efecto resoluciones propias anteriores (lo que más bien parece ser materia asignada a la reposición in extremis) “con motivo de una aclaratoria por error material”, aunque debe reconocerse que también ha seguido la buena doctrina en otras oportunidades. Así es que ha declarado que: “Si por vía de la aclaratoria de la sentencia la Corte, antes de subsanar un error material, introdujo una modificación sustancial en esa decisión, corresponde dejar sin efecto dicha aclaratoria”16. En realidad, abundan –en varios niveles decisorios– las aclaratorias “torcidas”17, vale decir aquellas que además de no respetar el dogma conforme al cual no pueden alterar lo sustancial de la decisión que es mejorada o integrada en su faz expresiva, pisotean el principio subsumido en la frase “un recurso no debe asumir la función que le corresponde a otro recurso”18. Y está claro que, como fuere, la función de marras le corresponde en la especie a la reposición in extremis. El funcionamiento de este último recurso no será todo lo ajustado a los carriles previstos legalmente para su discurrir normal, pero de todos modos sus potencialidades se acercan mucho más que las de la aclaratoria “torcida” a lo que se necesita para dejar sin efecto lo resuelto con anterioridad por un tribunal de instancias superiores.
Insistimos en que, a diferencia del recurso de aclaratoria, la reposición in extremis está autorizada para generar un cambio sustancial (se pretende, por ejemplo, que quien aparece como perdidoso sea declarado ganancioso) en el sentido de la resolución impugnada. En cambio, el recurso de aclaratoria es inidóneo para surtir mutaciones sustanciales en la resolución objeto del mismo19. Por supuesto que nada impide que interpuesta una “aclaratoria torcida” el tribunal interviniente –actuando jura novit curia20, lo que, obviamente, también es valedero en materia procedimental– la recalifique como reposición in extremis y obre en consecuencia. La resolución 1 del archivo proporciona una muestra de ello.

4.	La reposición in extremis “embozada”

Se registran numerosas decisiones judiciales que por las razones que fuera han optado por no utilizar la terminología que nosotros preferimos, limitándose al empleo del vocablo “revocatoria” o “reposición” por más que se trate de supuestos que exorbitan la función normal de dicho recurso. Las resoluciones 3 y 10 del archivo se inscriben en esa corriente. De cualquier forma, de su lectura se extrae que existe una perfecta comunión con los postulados básicos de la reposición in extremis y esto es lo que merece ser subrayado.

5.	Fundamentos

El abanico de causas que ha aplicado la doctrina en estudio no ofrece una total coincidencia en cuanto a los fundamentos utilizados. Algunas hablan (cfr. resoluciones 1 y 7 del archivo) de la conveniencia de evitar el inútil desgaste jurisdiccional que involucra por la tarea de una instancia revisora que, fatalmente, culminará con la cancelación de la resolución respectiva, en clara alusión al principio de economía procesal. Otras se remiten a la necesidad de evitar “perjuicios irreparables” por no ser la decisión en cuestión pasible de otros recursos (cfr. archivo jurisprudencial, resoluciones 2 y 5). Finalmente, otras más (resoluciones 9 y 12 del archivo) se refieren a la íntima relación existente entre la reposición in extremis y la “verdad jurídica objetiva” que resultaría traicionada si no prosperara aquélla.
Tal disparidad de criterios obedece a que se está frente a precedentes judiciales provenientes de instancias o características distintas. Es que, v.gr., un juez de primera instancia que procurara fundamentar una reposición in extremis a raíz de un yerro judicial cometido y subsanable hipotéticamente en una segunda instancia aunque fuera mediante la interposición de recursos ordinarios, podría, posiblemente, invocar el principio de economía procesal para justificar la revocación ya mismo de lo que –en su caso y momento– podría ser dejado sin efecto por el Superior. Si, en cambio, se estuviera ante una decisión con efectos preclusivos (ora por no ser susceptible de recursos, ora por tratarse de una decisión de un tribunal cimero), la fundamentación del caso haría hincapié, seguramente, en el mejor servicio de justicia; locución esta última que no es otra cosa que un equivalente del valor procesal “eficacia”21, que a su vez constituye un real y operativo principio procesal moderno que –entre otras cosas– privilegia el imperio de la verdad jurídica objetiva.

6.	Posibles cuestionamientos

1.	Es regla en la codificación procesal civil argentina que la revocatoria se puede articular únicamente respecto de pronunciamientos judiciales que no han sido previamente sustanciados, quedando, entonces, fuera de su campo de acción las interlocutorias y las sentencias de mérito. Sucede que, en cambio, la reposición in extremis es proponible respecto de resoluciones de mérito y por lo tanto previamente sustanciadas. A veces se hace hincapié en tal disonancia para negarle viabilidad a la figura en análisis. Apuntamos que siempre las reposiciones in extremis tienden a zanjar situaciones atípicas (buena cuenta de ello da el contenido del archivo jurisprudencial anexo) que, correlativamente, reclaman soluciones atípicas. ¿Y cómo se ha procedido en la especie? Pues se ha utilizado todo lo posible el esquema clásico del recurso de revocatoria, modificándolo tan sólo en lo pertinente para hacerle rendir funciones heterodoxas pero serviciales.
2.	Asimismo se ha alegado que los tribunales, luego de emitir un pronunciamiento de mérito, ya no pueden volver sobre sus pasos porque habrían “agotado” su potestad jurisdiccional a raíz de ya haber emitido aquél. El Derecho Procesal antiguo hasta tenía previsto un remedio –el llamado recurso de atentado o innovación– para impugnar la actividad judicial que contradijera dicha “verdad dogmática”22. Algunas resoluciones del archivo (vide fallos 3 y 9) hacen alusión al referido dogma del “agotamiento de la potestad jurisdiccional” luego de emitir la sentencia de mérito. Determinadas disposiciones corrientes en las leyes adjetivas civiles23 son las que habitualmente se tienen en cuenta para formular el cuestionamiento en análisis. Sin embargo, nos parece que tal interpretación es crudamente literal, estólida y ahistórica. Resulta claro que el codificador no tuvo en miras al dictar aquéllas cerrarle el paso a la reposición in extremis que era prácticamente desconocida hasta hace pocos años. En realidad, dichas normas más bien tienden a impedir cambios a juicios de mérito en función de argumentos y pruebas que pudieron hacerse valer durante el curso del debate ya agotado, todo ello conforme a la regla según la cual la preclusión cubre lo deducido y lo deducible24.
3.	En cuanto a la falta de textos legales que consagren el instituto sólo cabe responder que en materia mucho más comprometida aunque afín, cual es el de la llamada “acción de nulidad de sentencia firme”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la carencia de regulación legal expresa no constituye un óbice para su utilización25. Por lo demás, la docena de resoluciones que integran el archivo anexo representa la mejor respuesta para quienes propician interpretaciones más propias de la exégesis que de los tiempos que corren.

7.	Subsidiariedad de la figura

Desde el primer momento sostuvimos que se está ante una figura “heroica” y subsidiaria. Sobre el particular afirmábamos que “el sistema jurídico nacional desde siempre ha engendrado antídotos contra las injusticias flagrantes, los que sólo deben suministrarse in extremis, es decir cuando ninguna otra cosa puede hacerse por los carriles corrientes. ¿O acaso no son remedios heroicos, entre otros, la acción de nulidad de sentencia firme26, la doctrina de las sentencias arbitrarias27 y la apertura de la tercera instancia extraordinaria en la hipótesis de gravedad institucional?28. Evidentemente enrolada en dicha corriente se encuentra la resolución 9 del archivo, aunque alguna otra (cfr. resolución 1) no parece comulgar con la exigencia de que el agravio que se pretende reparar no pueda enjugarse mediante otra vía que la de una revocatoria in extremis.
Corresponde, pues, que afinemos un tanto el análisis, máxime cuando ahora participamos de la idea de que resulta conveniente rectificar rubros anteriores, adoptando así posiciones más intermedias. Así las cosas, hoy pensamos que no puede requerirse la inexistencia de toda posibilidad impugnativa para que recién quede convalidado el funcionamiento de la reposición in extremis. Si así fuera, ésta estarían prácticamente, confinada al área de los tribunales superiores de cada distrito judicial, y la experiencia indica que su operatividad es provechosa –aunque, ciertamente, excepcional– hasta en el primer grado jurisdiccional, como se comprueba al consultar la resolución 2 del archivo anexo donde un error material producido en el cómputo de mayorías debía revertir una declaración de quiebra que, en verdad, no era procedente.
¿Cuál es, entonces, la “tercera vía” que proponemos? Pues que sea admisible la reposición in extremis cuando no existan otros caminos para “desfacer” el agravio del caso, y también cuando de existir los mismos su acceso sea extremadamente dificultoso y de pronóstico incierto. Tal tesitura está en el “subsuelo” de la resolución 8 del archivo, donde se había rechazado una excepción en juicio ejecutivo por considerar que había sido hecha valer extemporáneamente, cuando no era así. No puede perderse de vista que la sentencia correspondiente (y errónea) dictada por una Cámara de Apelaciones era teóricamente susceptible de recursos extraordinarios para ante otros tribunales superiores (Cortes local y nacional), pero tratándose como se trataba de una sentencia ejecutiva no era expedito ni sencillo el camino para acceder a dichas vías extraordinarias. En cambio, no estamos convencidos de que si se cuenta con la posibilidad de remover el agravio respectivo mediante, v.gr., la articulación de un recurso ordinario de apelación, se pueda echar mano a la reposición in extremis.

8.	¿Cuáles errores judiciales dan pie
	a una resolución “in extremis”?

En primer término, es menester destacar que deben ser errores provenientes del órgano jurisdiccional y deslizados en la propia resolución que es objeto de una reposición in extremis. En general, dicho yerro debe ser grosero, evidente y de índole material. De ordinario se trata de errores en el cómputo de plazos, sea para interponer recursos (cfr. archivo resoluciones 6, 7 y 10), sea para oponer defensas (vide fallo 8 del archivo). En otros supuestos, el yerro ha provenido de la omisión en ponderar “escritos pendientes de agregación” (cfr. resoluciones 1 y 6 del archivo). Sin embargo y modificando algunos asertos nuestros anteriores, en la actualidad creemos que también es proponible, excepcionalmente, la reposición in extremis fundada en la comisión de yerros groseros del órgano jurisdiccional que stricto juris no pueden calificarse como “materiales”, pero que por ser tan evidentes pueden ser considerados afines con los “errores materiales”. Veamos algunos ejemplos de lo que venimos diciendo: valoración incorrecta del alcance de un convenio judicialmente homologado (resolución 3 del archivo); falsa idea acerca de que se había interpuesto demanda reconvencional cuando no era así (decisión 4 del archivo); olvido de que se estaba analizando tan sólo la admisibilidad de un recurso (por tratarse de un recurso directo ante una cámara de apelaciones) con el resultado de que se efectivizó un pronunciamiento sobre la procedencia del asunto (cfr. resolución 5 del archivo).
La propia Corte nacional ha admitido la atendibilidad de reposiciones in extremis o figuras análogas interpuestas contra sus resoluciones, no sólo haciendo mérito de errores materiales sino también en función de yerros de otro tipo a los que califica –algo elípticamente– como “esenciales”29.
En lo que media consenso es en que no puede prosperar una reposición in extremis fundada en algún déficit de actividad probatoria de las partes registrado en el procedimiento previo a la resolución impugnada. Tampoco la que pretenda introducir nuevas argumentaciones jurídicas. Sobre el particular hemos tenido chance de expresar que debe desestimarse la reposición in extremis articulada en miras a que el tribunal interviniente valore nuevo material probatorio o a que realice un encuadre legal distinto que se reputa más adecuado que el llevado a cabo con anterioridad. En definitiva, la reposición in extremis no puede ser empleada con éxito para cuestionar “interpretaciones jurídicas” sustentadas por el órgano jurisdiccional o para procurar mejorar o integrar el material probatorio pretéritamente analizado30. Al respecto se explaya muy acertadamente la resolución 9 del archivo.

9.	Régimen de la reposición “in extremis” 
	promovida por parte. La cuestión 
	sobre su proponibilidad respecto de resoluciones firmes 

A modo de punto de partida decimos que, en principio, lo atinente a la sustanciación de la reposición in extremis interpuesta por parte interesada y otras cuestiones que hacen a su régimen procedimental son asuntos que deben ser gobernados por la normativa correspondiente a la revocatoria ortodoxa. Vale decir que la mayoría de los recaudos exigidos en materia de revocatoria son también requeridos tratándose de su variante in extremis. Por lo que la articulación de esta última debe provenir de parte legitimada, ostentar un verdadero agravio, respetar –como regla– el plazo procesal previsto para la revocatoria “normal”, etc.31. Coincide con tal esquema la resolución 5 del archivo.
En lo tocante a la reposición in extremis promovida contra resoluciones firmes, cabe recordar que ya hemos mencionado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha empleado el ideario de la reposición in extremis para “dejar sin efecto” resoluciones de mérito propias y firmes que adolecían de un error material o “esencial”. Igual tesitura y con expresa referencia a la primacía del principio de la verdad jurídica objetiva adopta la resolución 11 del archivo.
Ahora bien: el tema que aquí nos ocupa merece algunas consideraciones especiales.
Primeramente debemos señalar que los yerros que pretendan subsanarse en el caso con el auxilio de una reposición in extremis pueden ser errores materiales o esenciales provenientes del órgano jurisdiccional, y palmarios.
Además, no pueden proponerse en el seno de dicho recurso replanteos jurídicos o probatorios. Esto último podría lograrse a través de la acción de nulidad de sentencia firme32, debiendo respetarse escrupulosamente los límites de uno y otro instituto.
Por añadidura, debe consignarse que el levantamiento de preclusiones que encierra una reposición in extremis exitosa opuesta contra sentencia firme, reclama –nos parece– que el órgano jurisdiccional deba ser particularmente severo y restrictivo en ocasión de valorar su procedencia, puesto que –al igual que lo que sucede en materia de acción de nulidad de sentencia firme– también aquí la cosa juzgada goza de una presunción de validez y legitimidad33.
A la hora de aportar argumentaciones en favor de la especie de reposición in extremis en estudio, se impone marcar dos niveles: a) en lo mediato: la fundamentación está dada por la necesidad de privilegiar el principio de prevalecencia de la verdad jurídica objetiva que informa, entre otras cosas, a la doctrina judicial del exceso ritual manifiesto y al principio interpretativo de acuerdo con el cual debe procurarse que la aplicación de la ley procesal no redunde en la pérdida de derechos de fondo34; b) sospechamos que bien pueden equipararse el error material grosero y el error numérico35 porque ambos son palmarios y evidentes. Así las cosas y en atención a que los Códigos Procesales Civiles36 no erigen preclusiones inflexibles tratándose de errores numéricos, creemos que en algunos casos el plazo de interposición de una reposición in extremis puede disfrutar de cierta “flexibilidad”.
Finalmente, debemos enfatizar –con valor para la generalidad de hipótesis de reposición in extremis– que la procedencia del instituto bajo la lupa es excepcional y que está condicionada a que la resolución impugnada a través de ella genere una “grave injusticia”37.

10.	 La reposición ”in extremis” oficiosa

La llamada reposición oficiosa no se encuentra regulada en el Código Procesal Civil nacional. Sí, en cambio, en otros ordenamientos procesales civiles provinciales38. Adherimos a la posición que interpreta que pese al silencio guardado por el Código Procesal Civil nacional, existe tal atribución en cabeza de los magistrados que aplican dicho cuerpo legal39.
Como fuere, prevalece el criterio conforme al cual en principio dicha reposición oficiosa sólo puede ejercitarse “hasta antes de haber quedado notificada la providencia de que se trate”. A partir de entonces, es el interés de las partes el encargado de provocar la corrección del decisorio. Con ello están de acuerdo la legislación y la jurisprudencia. Así como nos mostramos partidarios de extender la facultad de aplicar de oficio la aclaratoria hasta que se produzca el consentimiento por ambos o todos los litigantes, pensamos que basta con el conocimiento de una de las partes para que no sea posible revocar por contrario imperio sin recurso; porque ya no se trata de modificaciones meramente materiales, sino de las de tipo sustancial de modo que el magistrado, por un lado, no puede subrogarse al interés del notificado y, por otro, afectar al primero”40. En ámbitos provinciales, también impera dicha tesitura41.
Tanto la doctrina42 como la jurisprudencia (cfr. resolución 4 del archivo) parecen proclives a traspolar los lineamientos correspondientes a la reposición oficiosa en general a la denominada revocato-ria in extremis.

11.	Peculiaridades de las resoluciones 
	que hacen lugar a reposiciones “in extremis”

En el supuesto de prosperar una reposición in extremis, de modo frecuente el tribunal del caso, si bien ha dejado sin efecto su decisión de mérito anterior, de todos modos ha revelado cuál es su criterio en la materia. Así es que, por lo común, la reposición in extremis exitosa conlleva una suerte de tacha de “prejuzgamiento” respecto del tribunal que la declarara procedente, pero que previamente también se pronunció sobre el mérito de la pretensión objeto de la resolución recurrida. Consecuentemente, se impone que gire las actuaciones a otro órgano jurisdiccional para que éste emita un nuevo pronunciamiento de mérito que no esté inficionado por “prejuzgamiento” alguno. Así se procedió en las resoluciones identificadas con los números 5 y 8 del archivo.
Importa destacar que puede acontecer que la reposición in extremis apunte tan sólo a cancelar parcialmente determinado pronunciamiento judicial, y no totalmente. Ejemplo de ello lo aporta la resolución 2 del archivo.

12.	 Perfil actual de la reposición “in extremis”

La reposición in extremis es un recurso de procedencia excepcional y subsidiario cuya sustanciación y recaudos se corresponden, en principio, con los parámetros legalmente previstos para los recursos de revocatoria codificados. Con su auxilio se puede intentar subsanar errores materiales –y también excepcionalmente yerros de los denominados “esenciales”– groseros y evidentes, deslizados en un pronunciamiento de mérito –dictado en primera o ulteriores instancias– que no puedan corregirse a través de aclaratorias y que generan un agravio trascendente para una o varias partes. Se entiende por “error esencial” a aquel que sin ser un yerro material es tan grosero y palmario que puede y debe, asimilarse a este último. Su interpretación exitosa presupone que se está atacando una resolución que no es susceptible de otras vías impugnativas o que, de serlo, las mismas son de muy difícil acceso o cuya procedencia sea notoriamente incierta, y que no se alegue la necesidad de suplir una equivocación jurídica o un déficit de actividad de las partes en materia de recolección de material probatorio.
De modo todavía más excepcional que el corriente, también es proponible y procedente para cancelar la fuerza de resoluciones firmes en las cuales aparezca notoriamente traicionado el principio de primacía de la verdad jurídica objetiva, aunque tampoco en este supuesto pueden aceptarse replanteos probatorios o jurídicos.

13.	 Archivo jurisprudencial

a)	Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil 
	y Comercial N˚ 8 de Rosario, resolución 408/98, “Banco Bisel
	S.A. c/Elisa Judith Oliva s/Ejecución hipotecaria”, inédita

Que en los presentes autos se ha dictado sentencia haciendo lugar a la demanda en rebeldía cuando faltaba incorporar a esta litis un escrito, en el que la parte demandada comparecía y solicitaba suspensión de términos, encontrándose en tiempo para oponer excepciones, desde que los autos se hallaban en poder de la parte actora. Que por error se informó, según consta a fojas 38, la inexistencia de escritos pendientes de agregación, por lo cual la suscripta procedió a dictar sentencia, lo que en estas condiciones conduce inevitablemente a la nulidad de lo resuelto. Que el aludido yerro pudo deberse a la instrumentación –en fecha cercana a la presentación del escrito no agregado– de la gestión automatizada de la tarea de cargo y escritos sueltos del juzgado, por lo que se impone, entonces, dejar sin efecto el susodicho decisorio. Ello, ante la excepcionalidad de la situación planteada, y desde que razones procesales y de fondo justifican la aplicación del instituto, reconocido doctrinaria y jurisprudencialmente como reposición in extremis. O sea, en la especie, se ha dictado sentencia afectando la garantía del derecho de defensa en juicio, a raíz de la comisión de un error judicial –no susceptible de reparación por vía de aclaratoria conforme al Código de rito–. Por ello y para asegurar la posibilidad de ejercer dicha garantía, con economía procesal para las partes, ante el alcance del carácter fáctico del error cometido, y el allanamiento expreso a la revocatoria interpuesta por parte de la demandada, es que deviene aplicable el instituto antes mencionado. Así las cosas, ha de advertirse que el remedio de la “reposición in extremis”, pergeñado para enfrentar realidades procesales que justifiquen este remedio heroico, en orden a viabilizar la realización concreta de la justicia material como objetivo prioritario del laboreo judicial, ha sido aplicado en situaciones similares a la analizada en autos, por distintos tribunales de la provincia, que han sentado precedente al respecto (v.gr. resolución 629 del 11/12/95, Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Casilda, acuerdo dictado en autos “Lescano Gammacurta, Silvia y otro c/Litoral Gas S.A. s/Daños y Perjuicios. Recurso directo”, expte. 353/96, dictado por la Sala Civil 3a. de Rosario, auto 127/95, in re, “Quintana, Evaristo Alfredo c/Bruzesi, Mario José s/Daños y perjuicios”, Sala Civil 4a. de Rosario). Podrá decirse que el error cometido resulta subsanable por vía de la apelación, a través de la cual se anularía la respectiva resolución, ordenándose al magistrado de la siguiente nominación su tratamiento, pero ello determinaría un inevitable desgaste jurisdiccional para obtener el mismo resultado que este remedio procesal otorga. Como corolario de lo expuesto, ha de hacerse lugar a la revocatoria interpuesta dejando sin efecto la resolución 10 de fecha 4 de febrero de 1998 y ordenándose la remisión al juez en lo Civil y Comercial de la 9a. Nominación de Rosario, de estos actuados. Atento haberse allanado la demanda (fs. 50) se impondrán las costas en el orden causado.

b)	Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral de Casilda 
	(Santa Fe), resolución 691/95, “Pieroni, Juan Carlos
	s/Concurso preventivo. Impugnación al informe individual de Cooperativa Agropecuaria de Pujato Ltda”, inédita

Que el error material en el que se incurrió, está constituido por la declaración de “crédito condicional”. Porque tal como se dijo en el primer párrafo del ítem IV de fojas 11 y vuelta, “…los pagos que se hizo al acreedor por las ventas de soja acreditados en la cuenta corriente del deudor, constituyen actos prohibidos, y acarrean como sanción su ineficacia ipso jure…”; es decir, que siendo el pago ineficaz de pleno derecho, la acreditación de la suma de $ 19.791,88 en la cuenta corriente del concursado se tiene por no operada para el concurso y, por ende, el crédito por el importe referido es puro siendo condicional sólo el pago de dicho crédito, el que se hará efectivo siempre que se produzca el hecho condicionante: la devolución del pago ineficaz que se hizo el propio acreedor; porque de lo contrario cobraría dos veces. El error referido, producto como se dijo del escaso tiempo que tuvo la titular del juzgado para resolver por lo tardío de la contestación de fojas 6/7 y de la puesta a despacho de los autos, máxime el cúmulo de trabajo a su cargo por ser el Tribunal de Fuero Pleno, debe ser subsanado a fin de evitar perjuicios irreparables. Nótese que la resolución recurrida no puede ser objeto del recurso de revocatoria común por lo que, de quedar firme tal como fue pronunciada, obligará a la sindicatura a rectificar los cálculos practicados en los autos principales de modo tal que no se alcanzarían las mayorías requeridas de capital, lo que devendría en la declaración de quiebra del hoy concursado. Esta consecuencia luce desde todo punto de vista como injusta y contraria a derecho; de allí que tal como sostiene el destacado doctrinario doctor Jorge Peyrano en su obra Procedimiento Civil y Comercial, t. 3, ps. 145/153, siguiendo la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación debe acudirse a la llamada “reposición in extremis”. Por tanto corresponde que la suscripta revoque parcialmente la resolución 540 en el sentido indicado.

c)	Cámara Nacional de Comercio de Capital Federal, Sala B, resolución del 6/5/97, “Jara, Jorge L. c/Gamarra, 
	Carlos y otros”, LL del 13/11/97

Las sentencias interlocutorias dictadas por el Tribunal de Alzada no son, en principio, susceptibles de revocación por contrario imperio, desde que el agotamiento de la jurisdicción tiene carácter definitivo (doct. art. 273 Cód. Proc.; Cám. Nac. Com., Sala B, in re, “Zadoff,  Carlos D. y otros c/Jeralco SCA y otros s/Sumario s/Inc. medidas cautelares”, 8/11/89). Ello salvo que concurran circunstancias especiales que aconsejen soslayar el criterio 2. Tal último extremo se verifica en la especie: medió error de interpretación al diferir el tratamiento del recurso interpuesto contra la sentencia definitiva, ponderando incorrectamente el alcance del convenio homologado en autos, el cual concerniera únicamente a la actora y a la empresa de colectivos condenada (ver cláusula primera, fs. 92 del incidente de embargo, identificado como N˚ 24.244 en la anterior instancia y como N˚ 64.467/96 en ésta). 3. Por ello, corresponde dejar sin efecto el decreto de fojas 806/807 y pasar sin más trámite los autos para dictar sentencia, dejándose a salvo que dado el tenor del acuerdo homologado al que se hiciera referencia en el apartado segundo, y las consecuencias que produce, sólo deberán ser atendidos los recursos interpuestos a fojas 615 (parte actora) y 621 (“Gamarra y Seguros Bernardino Riva-davia Cooperativa Limitada”).

d)	Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV, resolución 141/96, “Nobleza Picardo SAIC y F. 
	c/Ángel Mario Daniele SRL s/Cobro de pesos”, inédita

Que, a todas luces, los considerandos del interlocutorio 133/96 no se ajustan a los antecedentes de la causa, en tanto y en cuanto parten de un presupuesto (que José Alberto Infante y Néstor Arnolfo habrían deducido demanda reconvencional en autos) que no se corresponde con la realidad. El aludido error obedeció a la particular circunstancia de que un mismo apoderado representa a una sociedad y también a los socios que la integran, habiendo, además, conspirado el hecho de que el referido mandatario no subrayó más claramente en la pieza de fojas 114/8 que el ejercicio de sus sendas representaciones no tenían igual alcance. Se impone, entonces, dejar sin efecto el susodicho decisorio en función del instituto –recibido tanto doctrinaria como jurisprudencialmente– conocido como “reposición in extremis”, conforme al cual resulta procedente que órganos jurisdiccionales de jerarquía superior revoquen sus propias decisiones cuando en ellas hubieran incidido evidentes errores de hecho que no pueden ser subsanados por vía del recurso de aclaratoria (La reposición “in extremis”, por Jorge W. Peyrano, en Procedimiento civil y comercial, Juris, t. 3, ps. 145 y sigs. y Noticias sobre la reposición “in extremis” por Jorge W. Peyrano, en El Derecho).

e)	Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, Sala III,
	resolución 101/97, “Lescano Gammacurta, Silvia y otro 
	c/Litoral Gas S.A. s/Daños y perjuicios”, inédita

Que el mismo deviene presentado por parte legitimada atento el evidente perjuicio que el pronunciamiento de fojas 157/60 produciría a la recurrente. Que contra el referido decisorio no cabe en los presentes recurso de apelación (arg. art. 346 del Cód. Proc. Civ.) ni de inconstitucionalidad (desde que no constituye sentencia definitiva). Que el pronunciamiento en cuestión ha sido dictado sin sustanciación (entendida ésta como sin participación de la parte que recurre). Que el escrito de fojas 163/191 aparece presentado dentro del término previsto por el art. 344 del Código Procesal Civil (contados desde que la recurrente tomara conocimiento del decisorio en cuestión –ver notificación de fs. 162 y cargo N˚ 560/97 de fs. 191 vta.–). Que en el pronunciamiento la mayoría del tribunal (con proyecto del Dr. Zara) por error involuntario y como surge de su mera lectura se ha pronunciado acerca de la procedencia del recurso de apelación extraordinaria denegado por el tribunal a quo cuando, obviamente, debió hacerlo acerca de la admisibilidad o no del recurso de queja que informa los presentes actuados. Que consecuentemente ha resuelto sobre materia no sometida a su decisión, lo que inevitablemente conduce a su nulidad. Que ante la excepcionalidad de la situación planteada, evidentes razones procesales –improcedencia de recurso de apelación y de inconstitucionalidad contra el decisorio– y justicia aconsejan que la misma sea declarada por el mismo Tribunal de Alzada que la dictara y a través del recurso previsto por el art. 344 del Código Procesal Civil. Que dicha declaración de nulidad no resultará ajena al referido ordenamiento procesal de conformidad a lo previsto en su art. 247. Que en otro orden de ideas, si bien el vocal Dr. Rouillon se abstuvo de votar en el decisorio en tratamiento atento lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160 de conformidad a lo resuelto por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Ac. 10/96), corresponde pasen los presentes a la sala IV, a sus efectos.

f)	Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV, resolución 127/95, “Quintana, Evaristo Alfredo 
	c/Bruzesi, Mario José s/Daños y perjuicios”, inédita

Que la resolución recurrida fue dictada fundada en un error, ya que tuvo a la apelante por notificada en la forma prevista por los arts. 352 y 78 del Código Procesal Civil, siendo que en el tribunal de origen había constituido domicilio en esta sede, quedando sin agregar el escrito respectivo, hecho reconocido por la contraria. Conforme a lo relacionado, estima el tribunal que en la especie están dadas las condiciones que hacen procedente la “reposición in extremis” (Peyrano, Procedimiento civil y comercial, Juris, Rosario, 1994, t. 3, p. 148). Dice este autor: “He aquí que, sin embargo, como se verá, en supuestos excepcionales se ha considerado, pretorianamente, a sentencias interlocutorias y aun a sentencias finales (que inclusive habían adquirido firmeza) como susceptibles del recurso de reposición. Claro está que ello sólo ha ocurrido mediando la posibilidad de la consumación de una grave injusticia como derivación de un yerro judicial. Por ello, por su característica de último remedio contra eventuales injusticias no susceptibles de ser subsanadas por otras vías, es que hablamos y pontificamos sobre la reposición in extremis”.

g)	Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial 
	del Departamento Judicial de San Isidro, Sala I, resolución 150/98, “Municipalidad de Tigre c/Aguirregomecorta, Sabino Jorge s/Apremio”, inédita

La accionante deduce recurso de reposición in extremis contra la decisión de fojas 174, que declaró desierto el recurso de apelación que aquélla interpusiera a fojas 156, por entender que se habría deslizado un error material en el cómputo de los plazos pertinentes, ya que el lunes 18 de agosto del año próximo pasado que no figuraba como feriado nacional fue declarado tal por resolución del Poder Ejecutivo Nacional (ver fs. 180). Siendo exacto lo manifestado por el recurrente corresponde admitir la requisitoria planteada, atento a que por medio de esa equivocación se conculca-rían derechos de raigambre constitucional con un basamento erróneo generando una notoria injusticia, además de existir evidentes razones de economía procesal para litigante y tribunal (doct. arts. 18 de la Const. Nac. y 34 del Cód. Proc.).

h)	Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV, resolución 100/98, “Mack Comercial S.A. c/Tempo Camping Ricardo Ríos s/Ejecutivo”, inédita

Que la solicitante interpuso reposición in extremis contra el acuerdo 10/98 (fs. 51) emitido oportunamente por esta sala, fundándolo en que la referida decisión hizo hincapié, medularmente, en la circunstancia consistente en que la excepción que opusiera en su momento habría sido extemporánea. La recurrente afirma que la mencionada extemporaneidad parte de un evidente error material de cómputo y que, por ende, la excepción en cuestión fue interpuesta en término. Que, efectivamente, se observa la concurrencia del susodicho yerro material. Que este tribunal ya ha tenido ocasión de aplicar la doctrina de la reposición in extremis en casos límites como el sub examine (cfr.. protocolo de autos de la Sala IV de la Cám. Apel. Civ. y Com. de Rosario, resolución 127/95 dictada en los rubrados: “Quintana, Evaristo Alfredo c/Bruzesi, Mario José s/Daños y perjuicios”). Asimismo se advierte la presencia en la especie de los presupuestos requeridos doctrinalmente para acceder a lo solicitado (v. Ajustes, correcciones y actualización de la doctrina de la reposición “in extremis”, por Jorge W. Peyrano, en LL del 11/9/98). Que así las cosas, corresponde hacer lugar a lo postulado, con iguales concomitancias –habida cuenta de ya haber emitido esta Alzada pronunciamiento de mérito sobre la causa– que las estipuladas para un supuesto análogo por la sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, in re, “Lescano Gammacurta, Silvia c/Litoral Gas S.A. s/Daños y perjuicios” (cfr. protocolo de autos de dicho tribunal, resolución 101/97).

i)	Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, resolución 
	del 8/10/97, “Malvicino S.A. c/Provincia de Santa Fe RCAPJ s/Incidente suspensión medida administrativa”, inédita

De hecho, todo medio que sirva para enervar los efectos de un pronunciamiento notoriamente injusto resulta bienvenido malgrado su falta de regulación legal y eso deja de verse apenas se analice que los leading cases en materia recursiva surgieron, precisamente, al margen de la preceptiva vigente en su hora. Sin embargo, el necesario balance entre la justicia y la seguridad jurídica impone el cumplimiento de una serie de requisitos para hacer operativas estas soluciones extremas. En tal sentido, no debe olvidarse, de una parte, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha insistido constantemente en la insusceptibilidad de sus fallos para ser atacados por medio del recurso de revocatoria, a excepción de aquellos supuestos en que se haga ostensible el riesgo de consumar una injusticia notoria, donde cuadra apartarse de aquel principio si se presentan “…situaciones serias e inequívocas que ofrezcan nitidez manifiesta” (Fallos: 315:2581) sobre la existencia de “un evidente error material de copia, inadvertido en tiempo oportuno” cuando “obviamente” la respuesta jurisdiccional debía ser la contraria (Fallos: 305:1162), o si se omitió lo decidido sobre la excusación de un miembro del tribunal (Fallos: 305:603), o se “ha incurrido en error material al efectuar el cómputo del plazo que contempla el art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial” o cuando “se ha deslizado inequívocamente, un error esencial” en la sentencia que remite a lo decidido en una causa que, en realidad, aun no ha pasado a fallo (Fallos: 310:858). Expresado ello de otra manera resulta que, sin perjuicio del principio de pérdida de la jurisdicción con posterioridad al dictado de la sentencia (exteriorizado, en nuestro sistema, en el art. 248 del Cód. Proc. Civ. y Com.), se justifica la admisión de un planteo recursivo –de efecto no devolutivo– por ante el mismo tribunal (cuya jurisdicción sobre el pleito, conforme lo expuesto, habría concluido) por cuanto, en tales situaciones, no cabe lugar a la más mínima duda que, de haber sido oportunamente advertida por el oficio la circunstancia que recién percibe con la interposición del recurso, habría resuelto en sentido contrario a aquel en que, efectivamente, lo hizo. La flagrancia e incontestabilidad del lapsus impone, en tales casos, la atenuación del rigor formal pues constituiría un absurdo, lesivo de la garantía de defensa en juicio, acordar firmeza a un yerro patente o imponer un engorroso trámite de Alzada para su enmienda. De allí que pueda comprenderse a la “reposición in extremis”  como un procedimiento atípico de “reparación” (del error indisputable) y nunca un “reexamen” o “recon-sideración” de la causa; es decir, que el remedio juega dentro de determinado ámbito, específico y circunscripto, en que no tiene cabida la discusión sobre el acierto o el error de los argumentos que sustentan el pronunciamiento, no pudiendo, jamás, erigirse como un “nuevo juicio”. De otra parte, debe también recordarse que, como toda solución exorbitante del marco normativo formal, la admisión del planteo de reposición in extremis se encuentra sujeta a la condición de subsidiariedad, es decir, que resulta requisito –aunque de signo negativo– la inexistencia de otro medio o vía adjetiva idónea para reparar adecuadamente el agravio. 3. En la especie, la cautelada pretende que esta Corte reexamine su decisión a la luz de una sobreargumentación que, lejos de evidenciar un error (material, grave, esencial, evidente, etc.), cuestiona el juicio del tribunal por medio de la formulación de críticas propias de un recurso de apelación, lo que resulta inadmisible (arg. Fallos: 315:406) a la par que demuestra de manera incontrastable que, con el alcance por ella pretendido, luce irrefutablemente idóneo –en caso de ser, a su vez, admisible– el recurso extraordinario que ya se ha interpuesto; sin desconocer, tampoco, otras vías específicas suministradas por el ordenamiento para la materia.

j)	Suprema Corte de Justicia de Mendoza, resolución 
	del 12/8/93, “Fiscal de Estado en J 82.678, Gossuin, José R. c/Prov. de Mendoza p. ord. s/Inc. cas”, inédita

Que el señor fiscal de Estado interpone recurso de revocatoria contra la resolución de fojas 29 y vuelta, por la que se desestiman los recursos extraordinarios deducidos a fojas 6/24 por extem-poráneos. Sostiene el recurrente que la única notificación que obtuvo la sentencia recurrida es la efectuada a fojas 155 en fecha 17 de abril de 1993, en tanto que la cédula de fojas 23, si lo incluye entre las personas a notificar, la medida fue efectuada en lugar distinto al que correspondía, por lo que no es correcto computar el término del artículo 146 del Código Procesal Civil a partir de la misma. Que tratándose de un error de hecho, se impone su corrección por la vía en intento. II. Que en efecto, como bien señala el recurrente, el tribunal no advirtió el error cometido en la instancia inferior, en la confección y diligenciamiento de la cédula glosada a fojas 157 en la que se hace figurar al señor fiscal de Estado con despacho oficial en la Asesoría de Gobierno de la Provincia. Por lo tanto, no existiendo otra notificación que la efectuada en forma personal a fojas 155, ella es la que debe tomarse a los efectos del cómputo del término para los recursos extraordinarios interpuestos. La corrección del error es procedente mediante la vía del recurso de reposición, atento al criterio del tribunal para casos similares en que por error material se deniega la vía extraordinaria (L.A. 116-191; 71.274). III. Del examen formal de los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos a fojas 6/24 por el señor Fiscal de Estado, surge que, en principio, se encuentran cumplidos los recaudos establecidos por los artículos 146, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 161 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde la admisión de ambas quejas en esta etapa preliminar. Por lo tanto, y conforme lo dispuesto por los arts. 131 y 147 del Código Procesal Civil, el tribunal resuelve: 1˚) Hacer lugar al recurso de reposición deducido por el señor Fiscal de Estado a fojas 30/31, revocando parcialmente la resolución de fojas 29 y vuelta.

k)	Corte Suprema de Santiago del Estero, resolución 
	del 10/6/97, “Arias, Héctor Pastor y otros c/Empresa 
	La Argentina SRL y/o responsable s/Diferencia de haberes, etc. Casación”, ED del 4/10/98, p. 8

La reposición in extremis es la que tiene por objeto la corrección de errores de tipo sustancial o formal que contuviesen las providencias simples, de modo que pueden ser superados mediante su modificación por el mismo tribunal –aun vencidos los plazos para recurrir– que las hubiese dictado o por el magistrado o tribunal en cuyo nombre hubiesen sido proveídas, pues con ello se intenta impedir un posible tipo vicioso de juzgar cual es el que no se sustenta en la verdad jurídica objetiva, llevando a zonas de neta sustancia disvaliosa y, por lo tanto, lo que se facilita es el despliegue del litigio y la defensa de los derechos.

l)	Suprema Corte de Justicia de Mendoza, resolución 
	del 20/10/98, “Cantu, Domingo en J. 108.215, “Cantu 
	c/Silver S.A. y Rafael Bulos p/Des. s/Inc. cas.”, inédita

I.	El recurrente impugna por revocatoria la resolución dictada a fojas 54 por este Cuerpo, que desestimó por extemporáneos los recursos de inconstitucionalidad y casación objetos de esta pieza. Sostiene que los recursos fueron interpuestos en término en razón de la suspensión dispuesta a fojas 3, la cual no tuvo ningún condicionamiento y cuya reanudación nunca fue notificada a domicilio conforme lo ordena el art. 68-XII del Código Procesal Civil. Solicita en consecuencia se deje sin efecto la resolución recurrida. II. Es errónea la postura del recurrente, aunque debe reconocerse que la misma pudo haber sido inducida por un error material incurrido en la resolución de fojas 54. En efecto, en la misma se sostiene que la suspensión dispuesta a fojas 3, estuvo limitada temporalmente “…hasta tanto las actuaciones se encontraran a disposición de las partes”, afirmación errónea puesto que la suspensión ordenada fue simplemente condicionada a que estuviere algún término corriendo. Por esa razón, cuando el recurrente solicita al tribunal la suspensión del plazo, la misma es concedida condicionalmente, esto es, sujeta a la condición de que el plazo para interponer recursos extraordinarios estuviere corriendo, tiempo verbal no advertido por el quejoso. Esta forma de receptar el pedido del interesado ha sido adoptada desde antiguo por esta Sala en razón de que, al momento del pedido de suspensión, no se puede saber con certeza si el plazo previsto en el art. 146 se encuentra corriendo, quedando sin embargo expedito el examen sobre tal aspecto cuando obre en el tribunal la causa principal. Por lo tanto, no es correcta la afirmación del recurrente de que los plazos se encontraban efectivamente suspendidos, sino que la suspensión operaría recién cuando se pudiesen constatar los hechos justificantes del pedido. Interpretar de otra manera constituiría una forma de restitución de los términos, con el simple recurso de solicitar su suspensión desconociéndose en esta sede el estado de las actuaciones en las instancias de grado, pudiendo incluso tratarse de un término vencido. Por otra parte, tampoco ha advertido el recurrente que, al momento de su pedido de suspensión, ningún plazo le estaba corriendo para interponer recursos extraordinarios, en razón del carácter naturalmente suspensivo que tiene el recurso de aclaratoria que se estaba tramitando en ese momento (art. 132-C, Cód. Proc. Civ.; L.A. 119-5). Es decir, que el plazo que se pretendía suspender aun no había comenzado su curso. No obstante lo expuesto, razones de buen orden en la administración de justicia imponen el acogimiento de la revocatoria impetrada, por cuanto si bien es cierto que la suspensión fue originalmente sujetada a la comprobación de los hechos invocados, también lo es que, aun con error mediante, la resolución de fojas 54 se fundó claramente en la existencia de una suspensión definitivamente decidida, fundamento que no es lícito ahora desconocer por aplicación analógica del principio de la reformatio in peius, y también por elementales razones de seguridad y regularidad en las decisiones judiciales, que impiden modificar los fundamentos de una resolución regularmente dictada para sostener la misma conclusión resistida. Una providencia de ese tipo violaría también el deber de ajustarse a los propios actos anteriores, principio al que, por supuesto, tampoco resulta ajeno el cometido jurisdiccional.

NOTAS

1	Rivas, Adolfo, Tratado de los recursos ordinarios, t. 1, p. 167, Ábaco, Buenos Aires.
2	Art. 370 del CPCSF: “Contra el decreto de la presidencia concediendo o negando la apertura a prueba, procederá el recurso de reposición para ante el tribunal. 
	“Éste no podrá pronunciarse antes de la sentencia sobre si existe o no principio de prueba por escrito”.
3	Conf. art. 160 del CPCN (ley 22.434).
4	Conf. art. 290 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
5	Peyrano, Jorge W., La reposición in extremis, en Procedimiento civil y comercial, t. 3, p. 148, Juris, Rosario, 1994.
6	Fassi, Santiago y Yañez, César, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes. Comentado, anotado y concordado, t. 2, ps. 261/2, Astrea, Buenos Aires, 1989.  Ghirardi, Olsen y Ghirardi, Juan Carlos, Recurso de reposición, p. 46, Astrea, Buenos Aires, 1991.
7	JA, 1990-I-3.
8	Fallos: 136:244.
9	Fallos: 296:241.
10	Fallos: 295:752.
11	JA, 1990-I-3.
12	Fallos: 305:1162.
13	Peyrano, Jorge W., Reposición “in extremis”, en JA, 1992-III-661. Trabajo reproducido en Procedimiento civil y comercial cit., ps. 145 y sigs.; del mismo autor, Noticias sobre la reposición “in extremis”, en ED, 165-973, y Ajustes, correcciones y actualización de la doctrina de la reposición “in extremis”, en LL, 1997-E-1164.
14	Peyrano, Noticias sobre…, cit., p. 952.
15	Fallos: 212:324: 216:55.
16	Fallos: 296:285.
17	Se pueden encontrar varios casos donde se han aplicado aclaratorias torcidas en el excelente trabajo de Oteiza, Eduardo, El pedido de aclaratoria y los recursos extraordinarios, en LL, 1992-A-705.
18	Colombo, Carlos, Código Procesal Civil y Comercial. Anotado y comentado, t. I, 4a. edic., p. 292, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975.
19	Rivas, ob. cit., p. 135.
20	Peyrano, Jorge W., El proceso civil. Principios y fundamentos, p. 95, Astrea, Buenos Aires, 1978.
21	Peyrano, Jorge W., La seguridad jurídica y el efectivo reconocimiento de los derechos: valores de la escala axiológica del proceso civil, en Jurisprudencia Santafesina, N˚ 24 y 25.
22	Ibáñez Frocham, Manuel, Tratado de los recursos en el proceso civil, ps. 191 y 251.
23	Art. 248 del Código Procesal Civil santafesino: “Pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdicción del juez respecto del pleito, con excepción de los incidentes seguidos en pieza separada. Pero podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión, siempre que se lo solicite dentro de tres días de la notificación respectiva.
	“Pedida la aclaración o reforma de la sentencia, el tribunal resolverá sin sustanciación de ningún género.
	“El error puramente numérico no perjudica; puede ser corregido por el juez en cualquier tiempo”.
	Art. 166 del Código Procesal de la Nación: “Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla”.
24	Peyrano, Jorge W., Lo implícito en materia decisoria, en Procedimiento civil y comercial cit., t. 1, ps. 105 y sigs.
25	Cfr. “Campbell Davidson c/Provincia de Buenos Aires”, ED, 36-290.
26	Peyrano, Jorge W. y Chiappini, Julio O., Acción de nulidad de sentencia firme, en El proceso atípico, Universidad, Buenos Aires, 1996, p. 171.
27	Carrió, Genaro, Recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1967, passim.
28	Barrancos y Vedia, Fernando, Recurso extraordinario y gravedad institucional, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1969, passim.
29	Cfr. en el punto el trabajo de Chiappini, Julio O., Reposición contra resoluciones de la Corte, en JA del 6/5/98, p. 1166.
30	Peyrano, Ajustes, correcciones… cit.
31	Peyrano, Jorge W., Recurso de reposición, en la obra colectiva Recursos judiciales, Ediar, Buenos Aires, 1993, ps. 69 y sigs.
32	Peyrano, Acción de nulidad de sentencia firme, ob. cit., p. 172.
33	Peyrano, Acción de nulidad… cit., p. 178.
34	Peyrano, Jorge W., La interpretación por el resultado en general y con particular referencia a la ley procesal civil, en El proceso atípico cit, p. 230.
35	Peyrano, Jorge W., Una válida analogía: el error numérico y el error material grosero, en Revista de Doctrina y Jurisprudencia de la Provincia de Santa Fe, N˚ 17, ps. 123 y sigs.
36	Conf. el tenor del art. 248 del Código Procesal Civil santafesino en la nota 23. Por su parte, el art. 166 del Código Procesal de la Nación establece que después de dictada la sentencia el juez podrá corregir los errores puramente numéricos “aun durante el trámite de ejecución de sentencia”.
37	Peyrano, Ajustes, correcciones…, cit., p. 1164.
38	V. art. 21 in fine del Código Procesal santafesino (ley 5531): “Puede (el juez) también de oficio revocar sus propios decretos y resoluciones interlocutorias que no se hubieran notificado a ninguna de las partes y disponer cualquier diligencia que fuere necesaria para evitar la nulidad del procedimiento”.
39	Rivas, ob. cit., p. 226.
40	Ibídem, p. 227.
41	Alvarado  Velloso, Adolfo, Comentarios al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Centro de Estudios Procesales, Rosario 1978, t. I, p. 436: “Es nuestra ley una de las pocas en la historia normativa argentina, que autoriza desde siempre esta facultad de revocación oficiosa, no admitida en el antiguo Derecho hispánico, con la sola e importante condición: que la resolución que se intente revocar no se encuentre notificada a alguno de los litigantes (nótese que el Código Procesal no establece la necesidad de que esté consentida), si ello ocurre, el juez puede modificar a su arbitrio su propia decisión, en razón de que ella no ha comenzado aún a producir sus efectos propios sobre las partes”.
42	Chiappini, ob. cit., p. 17.