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26/ 07/ 2005

Citar Lexis Nº  0003/011556

Género:
Doctrina
Título:
Medidas cautelares en el juicio de alimentos. Alimentos provisorios
Autor:
Guahnon, Silvia V.
Fuente:
SJA 27/7/2005 ‑  JA 2005‑III‑929

ALIMENTOS ‑ 07) Proceso de alimentos ‑ g) Medidas cautelares

SUMARIO:

I. Introducción.‑ II. Medidas cautelares en los procesos de familia.‑ III. Medidas cautelares en el juicio de alimentos. Generalidades.‑ IV. Medidas cautelares en particular.‑ V. Alimentos provisorios.‑ VI. Alimentos provisorios en el juicio de alimentos

I. INTRODUCCIÓN

El juicio de alimentos se caracteriza por ser un proceso especial donde predominan la simplicidad de los trámites y la celeridad procesal, pero nada obsta a que se puedan solicitar medidas cautelares desde el inicio de la causa o en el transcurso de ella para asegurar la eficacia práctica de la sentencia que pone fin al mismo. Así, el embargo preventivo, la inhibición general de bienes y la designación de un interventor informante, entre otras. Nos referimos a las medidas cautelares tradicionales que se pueden solicitar ante el temor fundado de que el alimentante se insolvente o que desaparezcan bienes de su patrimonio que tornen de difícil o imposible cumplimiento la sentencia que se dicte definitivamente en dicho proceso.

Por otra parte, dada la urgencia de las necesidades que tienden a satisfacer, se pueden fijar pensiones provisorias de alimentos durante su curso, pues esperar hasta el dictado del pronunciamiento definitivo puede llegar a afectar, a veces en forma irreparable, el derecho del alimentado. En este orden de ideas, se pueden solicitar o fijar alimentos provisorios, cuya finalidad es subvenir las necesidades mínimas de los alimentados mientras se sustancia el juicio de alimentos y cuyo régimen legal desarrollaremos en el pto VI.

II. MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCESOS DE FAMILIA

Tratándose el juicio de alimentos de un proceso de familia, las medidas cautelares que en él se dispongan tendrán características diferenciadas de las cautelares en general y que se relacionan con sus caracteres, con los presupuestos de admisibilidad y de ejecutabilidad y con el particular régimen de caducidad.

Para comprender mejor el tema describiremos las características distintivas de las medidas cautelares en los procesos de familia.

En primer lugar, las medidas cautelares en los procesos de familia, sean de tutela personal o patrimonial, están regidas prioritariamente por la legislación de fondo o sustantiva. Ello implica que están sometidas a presupuestos propios y que no se aplican, salvo subsidiariamente y ante la ausencia de normas específicas, las disposiciones sobre medidas cautelares de leyes de jerarquía inferior, como los Códigos Procesales. Así, vemos que la mayoría están legisladas en el Código Civil (arts. 148, 231, 233, 375 y 1295), en la Ley de Protección Contra la Violencia Familiar 24417 (LA 1995‑A‑7) (en su art. 4) y en la ley de la provincia de Buenos Aires 12569 (LA 2001‑A‑696) (en su art. 7), entre otras disposiciones.

Por otra parte, en muchas de las medidas cautelares en los procesos de familia se advierten modificaciones en torno al carácter instrumental. Este carácter instrumental, propio de las medidas cautelares, implica que se decretan para asegurar el cumplimiento de la sentencia definitiva que debe recaer sobre el fondo de la litis. Así, por ejemplo, un embargo preventivo que se traba en un juicio por cobro de pesos, para asegurar la eficacia práctica de la sentencia que en él recaiga.

En este orden de ideas, se advierte que en el singular proceso de familia se ve desdibujado esta instrumentalidad, pues muchas de las medidas cautelares que se adoptan importan anticipar de alguna manera la decisión de fondo o mérito. Y ello ocurre pues se necesita brindar respuestas anticipadas casi siempre urgentes, que de modo provisional resuelvan siquiera provisoriamente los puntos de conflicto que se presentan  (1) . A modo de ejemplo, los alimentos provisorios que se fijan en un juicio de alimentos, desde el principio de la causa o durante su curso, sin perjuicio de los definitivos que se deriven de la sentencia; también, el régimen de visitas provisorio que se fija encontrándose en trámite un juicio sobre régimen de visitas.

Por otra parte, se pueden decretar medidas cautelares para asegurar mediatamente la tutela de fondo  (2) . Así, la exclusión del cónyuge del hogar ínterin el proceso de divorcio o separación personal, para evitar el agravamiento de la crisis con motivo de permanecer conviviendo quienes se encuentran en trámite de divorcio, lo que podría derivar, de no adoptarse la medida a tiempo, en daños muchas veces irreparables. Del mismo modo, la fijación de alimentos provisorios en los juicios de filiación cuando el derecho fuere verosímil, y sin perjuicio de que aún no esté determinado el título por el cual se reclaman. Ello, debido a la urgencia en su percepción, pues las necesidades de sustento de los menores no admiten demora alguna. También, la guarda o tenencia provisoria que se decreta en un proceso de violencia familiar para protección de menores.

Unas y otras cautelas, no obstante, no suprimen la instrumentalidad vista, aunque, como hemos dicho, le acuerdan una fisonomía particular, ya que muchas suponen resguardar la integridad física de las personas, o la intangibilidad de los bienes.

Otra característica es que en los procesos de familia muchas medidas cautelares se sustancian  (3) . Así como uno de los caracteres esenciales de las medidas cautelares en general es que se decretan in audita pars, en los procesos de familia, por las graves consecuencias que pueden implicarle al afectado, muchas de ellas se decretan previa sustanciación. Esa sustanciación puede verse plasmada no sólo con un traslado previo, sino también con la fijación de una audiencia por el tribunal. Adviértase, por ejemplo, que en caso de que se soliciten como medida cautelar alimentos provisorios sería conveniente ‑a nuestro entender‑ que para su dictado el juez o tribunal convocase a las partes a una audiencia en fecha próxima y así oír a ambos (alimentados y alimentante) para tener un conocimiento más exhaustivo de las necesidades de los primeros y de la situación patrimonial del que debe procurar los alimentos.

Lo mismo ocurre cuando se solicita la exclusión del hogar como medida cautelar. Por las graves consecuencias que ello podría ocasionarle al afectado, y por supuesto si no concurriesen hechos de violencia que obligaran a tomar una decisión inaudita parte, sería conveniente sustanciarlo con un traslado previo, abreviando los plazos, o fijar una audiencia, máxime teniendo en cuenta que se debe procurar solucionar el conflicto teniendo en mira el porvenir y también que lo concertado (en el caso, el retiro del cónyuge del hogar) tiene mayor grado de acatamiento que lo impuesto. Del mismo modo, cuando se solicita la tenencia o guarda provisoria de un menor o incapaz en forma cautelar, por la trascendencia que implica para los afectados la decisión que allí recaiga.

En algunos supuestos no se exige demostración sumaria de la verosimilitud del derecho, del peligro en la demora, ni se exige contracautela. Esto, como consecuencia de que la mayoría de ellas se encuentran contempladas en las leyes de fondo. Así, el art. 231   CCiv. dispone como único requisito para solicitar medidas cautelares respecto de las personas ‑exclusión o atribución del hogar conyugal, alimentos provisorios, guarda o tenencia provisoria de menores, régimen de visitas provisorio‑ la sola promoción de la demanda de divorcio o separación personal, por lo que la verosimilitud del derecho va a estar dada por el vínculo acreditado con las respectivas partidas. Lo mismo ocurre respecto de las medidas cautelares sobre bienes, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 233   CCiv. Y únicamente se requerirá acreditar la urgencia si éstas o las que se piden en resguardo de las personas se solicitaran antes de la promoción de la demanda de divorcio o separación personal.

Tampoco se exigirá la prestación de una contracautela real, personal o juratoria para su efectivización pues la ley de fondo no lo contempla, siendo suficiente para que sean acordadas la demostración del peligro o daño inminente a la personas o a los bienes  (4) .

En otro orden de ideas, algunas medidas cautelares derivadas del derecho de familia se pueden decretar "de oficio". Ello, como consecuencia del desdibujamiento del principio dispositivo en los procesos de familia. Así, vemos que los jueces no dependen de la instancia de parte para decretar medidas cautelares sobre las personas, como lo dispone el art. 231   CCiv. mencionado. No así respecto de medidas de tutela patrimonial, que sí requieren para su dictado la petición de parte (art. 233   CCiv.), con excepción de la designación de interventor informante, que puede ser de oficio o a pedido de parte.

Lo mismo ocurre con las medidas de protección de personas legisladas en el art. 234 y ss. CPCCN. (t.o. 1981, LA 1981‑B‑1472), las que pueden ser adoptadas oficiosamente por los tribunales teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A modo de ejemplo, cuando se ordena la incorporación de un menor en situación de riesgo al "Régimen de Pequeños Hogares", dependiente del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Asimismo, las medidas precautorias previstas en el art. 629   CPCCN. cuando la demencia es notoria e indudable, en protección de la persona y bienes del presunto demente, en concordancia con lo dispuesto por el art. 133 RJNC.  (5) , las que pueden ser dictadas de oficio o a pedido de parte.

Por último, y de acuerdo con lo dicho en cuanto al carácter diferencial, no resulta aplicable el régimen de caducidad de las medidas cautelares en general. El art. 207   CPCCN. cuando se refiere al plazo de caducidad de las medidas cautelares, que es de diez días desde su traba, señala que siempre y cuando se trate de obligaciones exigibles, las que no parecen conciliarse con las obligaciones familiares. Por otra parte, la legislación de fondo o sustantiva no contempla plazos de caducidad para las medidas cautelares allí previstas, por lo que no puede una ley de jerarquía inferior ‑procesal‑ restringir derechos cuando la legislación de fondo nada dice al respecto  (6) .

Ello no obsta a que sería prudente que los jueces, según las circunstancias de cada caso, fijasen plazos de caducidad a los fines del inicio de la acción principal para evitar perjuicios sine die al afectado por las mismas y el ejercicio de conductas abusivas por parte del peticionante de la medida  (7) .

III. MEDIDAS CAUTELARES EN EL JUICIO DE ALIMENTOS. GENERALIDADES

En el juicio de alimentos se pueden solicitar las medidas cautelares tradicionales para asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte en dicho proceso. Ello obedece a que el derecho alimentario, al igual que cualquier otro derecho, puede verse frustrado si obtenida la sentencia, ésta no es cumplida voluntariamente y se ha insolventado el deudor antes o durante la tramitación del juicio  (8) .

Por lo que cuando existiera el riesgo de que el deudor alimentario se insolvente, o desaparecieren bienes de su patrimonio que tornen de imposible o difícil cumplimiento la sentencia, se podrán solicitar y conceder distintas medidas cautelares de carácter eminentemente instrumental como el embargo preventivo, la inhibición general de bienes y la intervención judicial, entre otras.

A su vez, se puede solicitar como medida cautelar alimentos provisorios para subvenir las necesidades mínimas de los alimentados mientras se sustancia el juicio de alimentos, lo que implica un anticipo jurisdiccional, pues, como sostiene De Lázzari, "...la necesidad alimentaria impostergable no admite otra tutela que no sea la efectivización en forma inmediata a través del proceso cautelar..."  (9) , tema que desarrollaremos en extenso en el pto. V.

En general, el criterio en materia de adopción de medidas cautelares a fin de asegurar el cumplimiento de cuotas alimentarias futuras es restrictivo, pues justamente las mismas aún no han sido determinadas; pero este criterio cede y se admite su viabilidad cuando mediare riesgo de que el obligado se insolvente para eludir el pago o cuando hubiera incurrido en reiterados incumplimientos anteriores, máxime teniendo en cuenta que la cuota que se determine en la sentencia definitiva se retrotraerá al momento de iniciación de la demanda en los términos del art. 644   CPCCN. Así lo han reconocido unánimemente la doctrina  (10) y la mayoría de los fallos jurisprudenciales.

Al respecto se ha sostenido que "...en el juicio de alimentos las medidas precautorias, en principio, no pueden concederse para cubrir cuotas futuras, salvo cuando existiere el riesgo de que el obligado enajene sus bienes para eludir su pago o cuando ante las reiteradas faltas de cumplimiento del alimentante puede presumirse que el deudor eludirá el pago de la cuota a su cargo...". También, que "...toda vez que resulta imprescindible asegurar la cobertura de las necesidades básicas del alimentado, por el carácter asistencial de la cuota, dado que las prestaciones alimentarias son sucesivas y tienen la misma causa, resulta viable hacer lugar al pedido de embargo u otras medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de alimentos futuros, cuando particulares circunstancias permiten inferir que no habrá un cumplimiento voluntario, aunque señalándose el carácter excepcional con que debe adoptarse la medida, ya que se trata de obligaciones aún no vencidas..."  (11) .

En esta materia existen infinidad de elementos y circunstancias que determinan que no todos los casos sean iguales y deban ser evaluados a la luz de distintos principios donde la actividad del jugador será de vital importancia, debiendo analizar las circunstancias fácticas de las distintas situaciones para determinar la justa resolución del conflicto  (12) .

Distinta es la solución cuando se trata de medidas cautelares que se solicitan una vez dictada la sentencia de alimentos para asegurar su cumplimiento. En este supuesto se acogen con un criterio más amplio; al respecto nos remitimos al cap. V.

En cuanto a las medidas cautelares que se puede solicitar y conceder en los incidentes de aumento y disminución de cuota alimentaria, éstas serán tratadas en el cap. VI cuando se analicen dichos incidentes.

IV. MEDIDAS CAUTELARES EN PARTICULAR

a) Embargo preventivo

El embargo preventivo es "la medida cautelar en cuya virtud se afectan e inmovilizan uno o varios bienes de quien es o ha de ser demandado en un proceso de conocimiento o de ejecución, con miras a asegurar la eficacia práctica o el resultado de tales procesos"  (13) .

El embargo preventivo puede ordenarse con o sin expresión de monto. En el primer supuesto implicaría una indisponibilidad relativa del bien afectado; en cambio, cuando se ordena sin monto trae aparejada casi una indisponibilidad absoluta del bien, asemejándose en alguna medida a la inhibición general de bienes.

Un dato distintivo del embargo preventivo en este proceso es que el acreedor embargante puede disponer de inmediato de lo cautelado, ya que, por naturaleza, tiende a resguardar la integridad física de las personas, lo que no ocurre con las medidas cautelares en otro tipo de procesos. Así, si se trabó un embargo preventivo sobre el salario del alimentante, ante la petición del libramiento de cheque por parte de la alimentada, el juez lo ordena sin más trámite, a diferencia de lo que ocurre en otros procesos civiles en los que se debe previamente dar cumplimiento al trámite previsto en el art. 505   y ss. CPCCN. (citación para oponer excepciones y sentencia de venta).

El embargo puede recaer sobre bienes inmuebles, bienes muebles registrables o bienes muebles cuyo registro no impone la ley del deudor alimentante, también sobre fondos depositados en cuentas bancarias de cualquier tipo, así como sobre inversiones o utilidades que deba percibir el mismo.

Es importante resaltar que no se debe confundir el embargo preventivo (medida cautelar) que se puede solicitar con anterioridad a la intimación de pago, una vez dictada la sentencia de alimentos, con el embargo que prevé el art. 648   CPCCN., el que no reviste carácter cautelar. En efecto, dicha norma dispone: "...si dentro del quinto día de intimado el pago, la parte vencida no lo hubiera hecho efectivo, sin otra sustanciación se procederá al embargo y se decretará la venta de los bienes necesarios para cubrir el importe de la deuda". Y ello es así pues este último embargo es ejecutorio, no cautelar, requiere la previa intimación de pago y sólo es procedente cuando, vencido el plazo de dicha intimación, no se hace efectiva la cuota alimentaria  (14) .

Un tema de íntima vinculación con los embargos en el juicio de alimentos es el que se refiere al fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Civil  (15) . Éste dispone que "El adquirente de una cosa registrable embargada por monto determinado, para obtener el levantamiento de la medida cautelar, no puede liberarse pagando sólo el monto inscripto sino que responde también: por la desvalorización monetaria si correspondiere, por los intereses, por las costas, por las sucesivas ampliaciones y por las demás consecuencias del juicio" (C. Nac. Civ., en pleno, 23/8/2001, "Czertok Oscar v. Asist. Méd. Personalizada S.A."   , LL año LXV n. 183 [JA 2001‑IV‑93], del 25/9/2001). Lo que implicaría, a nuestro entender, en la práctica, la imposibilidad de vender los bienes embargados afectándose los principios referentes a que el embargo no impide que pueda disponerse de la cosa afectada (arts. 1174   y 1179   CCiv.) con mayor incidencia en los juicios de alimentos, por las sucesivas ampliaciones de las liquidaciones que se practican cuando se van venciendo nuevas cuotas que permanecen impagas, lo que en la práctica tornaría dificultosa la venta del bien embargado por deudas alimentarias.

b) Inhibición general de bienes

Podemos definir a la inhibición general de bienes como la medida cautelar que provoca la interdicción de vender o gravar bienes registrables que sean de propiedad del deudor. Estos bienes son los existentes al momento de anotarse la medida o los que se adquieren con posterioridad.

Esta medida es de carácter restrictivo, y su procedencia se supedita a la inexistencia de bienes a embargo o a su insuficiencia, por los graves perjuicios que le ocasionan al afectado. En el juicio de alimentos la aplicación de esta cautelar para asegurar cuotas futuras es de carácter excepcional. No así cuando ya dictada la sentencia de alimentos se solicita para asegurar su cumplimiento en el supuesto en que el deudor alimentario no registre bienes de su propiedad, o éstos sean insuficientes para cubrir el crédito alimentario.

c) Intervención judicial

Es la medida cautelar por la cual el órgano judicial designa a una persona que es ajena a las partes y que interfiere en la actividad económica de una persona física o jurídica. A partir de la reforma de la ley 22434   (LA 1981‑A‑206) el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contempla dos modalidades de intervención:

1.‑ Interventor recaudador

Es la medida cautelar en virtud de la cual se designa a una persona para hacer efectivo un embargo dispuesto previo o simultáneamente, el que debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos (art. 223   CPCCN.). Este interventor no puede tener injerencia en la administración, y su designación corresponde, a pedido de parte, a falta de otra medida eficaz o como complemento de una medida dispuesta.

2.‑ Interventor informante

Es la otra modalidad, la que se encuentra contemplada en el art. 224   CPCCN. Este interventor tiene como función dar noticia al órgano judicial del estado de los bienes objeto del juicio o de actividades u operaciones de una persona física o jurídica. El juez lo puede designar a pedido de parte o de oficio. El interventor informante deberá cumplir su función con la periodicidad que determine el tribunal. En la mayoría de los casos ésta es dispuesta por los jueces, haciendo uso de la facultad que les compete en los términos del art. 204   CPCCN.

Si bien en el juicio de alimentos la medida cautelar del interventor recaudador es restrictiva (no así como medida idónea para la ejecución de los alimentos impagos), la del interventor informante es una medida cautelar plenamente viable para acercarles al juez y a la parte información sobre las actividades e ingresos del demandado por alimentos. Siempre se deberá tener en cuenta para su procedencia que no se afecten derechos de terceros, sobre todo cuando el alimentante integra alguna sociedad (anónima, de responsabilidad limitada, etc.) con personas ajenas al proceso.

Asimismo, se debe acreditar el peligro en la demora, es decir, que el alimentante pueda transferir su participación accionaria o desvincularse de la sociedad, ya que nada impediría que como prueba del juicio de alimentos se designe a un perito contador para que informe al tribunal sobre los ingresos del demandado, respetando, así, el contradictorio.

d) Prohibición de innovar y de contratar

Como señala Palacio, la prohibición de innovar es la "medida cautelar encaminada a preservar, mientras se sustancia el proceso principal, la inalterabilidad de determinada situación de hecho o de derecho"  (16) . Tiene como finalidad evitar que mientras se sustancia un proceso se produzca una alteración en la situación existente que torne la sentencia ineficaz o de cumplimiento imposible.

Entendemos, como parte de prestigiosa doctrina  (17) , que el art. 230   CPCCN. regula los dos tipos de modalidades de esta medida: la "medida de no innovar", para mantener el estado de hecho o de derecho vigente, y la "medida innovativa", que importa una modificación o alteración del estado de hecho o de derecho vigente antes de su dictado.

Estas medidas son de aplicación restrictiva en el juicio de alimentos y se supeditan, como requisito de admisibilidad, a la ausencia de otras medidas cautelares idóneas (por ejemplo, un embargo preventivo).

En otro orden de ideas, si se solicitan alimentos provisorios antes de iniciado el proceso de alimentos, su fijación podría fundarse como medida innovativa en el art. 230   CPCCN., ya que se procura alterar un estado de hecho existente al momento de ser dictada.

e) Anotación de litis

Se denomina anotación de litis a la medida cautelar que tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles y muebles registrables, frente a la eventualidad de que las sentencias que en ellos recaigan hayan de ser opuestas a terceros adquirentes del bien litigioso o a cuyo favor se constituya un derecho real sobre éste.

Por definición, en virtud de que el juicio de alimentos no tiene por objeto modificar, transmitir o extinguir derechos reales, no es de aplicación esta medida cautelar en este tipo de proceso.

f) Secuestro

Definimos esta medida como el desapoderamiento a una persona de una cosa litigiosa con el fin de evitar el deterioro o la alteración de ella, o para asegurar el resultado de la sentencia.

Al igual que lo hemos dicho en el supuesto de la intervención judicial, esta medida, que es efectiva en la etapa de ejecución de alimentos, es de aplicación restrictiva como medida cautelar para asegurar el cobro de cuotas futuras, por los graves perjuicios que le pueda acarrear al afectado. Adviértase que a diferencia del embargo preventivo, en el que el bien generalmente queda en poder del deudor, quien puede utilizarlo, en el secuestro se desapodera al mismo del bien objeto de la medida, designándose un depositario judicial.

V. ALIMENTOS PROVISORIOS

a) Generalidades

Entre las medidas de tutela personal, esto es, las que tienden a resguardar la integridad física o psíquica de las personas y a satisfacer sus necesidades más urgentes  (18) , encontramos a los alimentos provisorios.

Cualquiera sea el régimen legal del cual deriven los alimentos: de la patria potestad, del parentesco (art. 375   CCiv.), del matrimonio (art. 231   CCiv.) de las leyes de protección contra la violencia familiar y de las disposiciones del Código Procesal (arts. 232   y 234   ), entendemos que los alimentos provisorios participan, a falta de reglamentación específica, de la categoría de medidas cautelares. En efecto, la necesidad alimentaria impostergable no admite otra tutela que no sea la efectivización en forma inmediata a través del proceso cautelar  (19) . Ello, no sin dejar de reconocer sus caracteres peculiares, como desarrollaremos más adelante.

Varios son los argumentos que dan sustento a esta posición receptada en este momento por la mayoría de la doctrina especializada y jurisprudencia. En primer lugar, pues tienen carácter provisorio, propio de las medidas cautelares, lo que implica que su fijación no tiene carácter definitivo, es decir, tienen un tiempo limitado de duración. Por otra parte, participan del carácter variable o mutable de las medidas cautelares, ya que pueden ser modificadas en cualquier momento cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su dictado no existieren en los términos del art. 203   CPCCN.

Asimismo, los alimentos provisorios están excluidos del procedimiento de mediación obligatoria, por aplicación de lo previsto en el art. 2   inc. 6 ley 24573 (LA 1995‑C‑3140), en tanto se encuentren gobernados por el régimen de las medidas precautorias.

Así, se ha sostenido que "...el pedido de alimentos provisionales o el aumento provisional de una cuota alimentaria pactada ‑en cuanto se encuentra gobernado por el régimen de las medidas cautelares‑ y pueden ser decretadas inaudita parte están excluidos del procedimiento de mediación obligatoria..."  (20) .

Por otra parte, si no los ubicáramos dentro de este ámbito (el cautelar), su dictado, que implica anticipar la prestación alimentaria en sí, podría importar prejuzgamiento. Ya se ha sostenido por la jurisprudencia que "la fijación de una cuota alimentaria no importa prejuzgar sino establecer el importe provisional de los alimentos mientras dure el trámite del juicio". En igual sentido, que "no constituye prejuzgamiento el hecho de haberse celebrado una audiencia en la que se dispuso la fijación de una cuota provisoria de alimentos, toda vez, que a dicho fin, el magistrado evaluó la situación que se le expuso y dictó las medidas cautelares que consideró procedentes, sin que pueda entenderse como un adelanto de opinión alguna, por cuanto aquélla es vertida en la debida oportunidad procesal sobre los puntos sometidos a decisión, no importa otra cosa que el cumplimiento de un deber impuesto por la ley"  (21) .

Y uno de los argumentos de mayor peso que permiten sostener el carácter de medida cautelar de los alimentos provisorios es que la resolución que los fija es apelable en relación y con efecto devolutivo, propio de la apelación de las providencias que conceden medidas precautorias, como lo dispone el art. 198   in fine CPCCN.; si no, de otro modo, por el carácter excepcional de la apelación con dicho efecto, sólo estaría reservado para la que concede los alimentos definitivos en los términos del art. 647   del mismo cuerpo legal, con los consiguientes perjuicios que podría irrogarle al alimentado, al no poder disponer de la prestación provisoria ínterin se resolvieran las respectivas apelaciones.

De lo hasta aquí dicho no nos suscita duda alguna el carácter cautelar de los alimentos provisorios, cualquiera sea el régimen jurídico del que deriven. Sin embargo, sea cual fuere la postura que se adopte en la materia, consideramos que sin alterar su finalidad específica, que es la de subvenir necesidades de suma urgencia, los jueces tienen que obrar con prudencia al fijarlos para no desatender otros derechos; siempre en la búsqueda del equilibrio que debe primar en la balanza de lo urgente ‑en un platillo‑ y la garantía de defensa en juicio ‑en el otro‑.

b) Régimen jurídico

Si bien analizaremos, dentro del marco de la presente obra sobre el juicio de alimentos, los alimentos provisorios que se pueden solicitar y conceder en este proceso, no podemos dejar de mencionar que existen diversas fuentes para la concesión de los mismos que se derivan de distintas normas sustanciales y procesales.

Así, los alimentos provisorios que se solicitan antes de la iniciación o durante el juicio de divorcio o separación personal en los términos de lo dispuesto por el art. 231 CCiv. y que están destinados a regir durante la sustanciación de dichos procesos, aunque puedan conservar su vigencia más allá del dictado de la sentencia que recaiga en ellos  (22) . Estos alimentos provisionales pueden fijarse a favor del cónyuge e hijos menores y requerirán, si se solicitaren con anterioridad a la promoción de la demanda, la urgencia o peligro en la demora. Se pueden decretar de oficio o a pedido de parte.

Asimismo, también se pueden conceder alimentos provisorios en el marco de la leyes de protección contra la violencia familiar cuando el juez al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, entre otras medidas cautelares, puede fijar a favor de los denunciantes alimentos provisorios de acuerdo con los antecedentes de la causa (ver ley 24417   [LA 1995‑A‑7], art. 4   inc. d y art. 7   inc. 9 ley 12569). Estos alimentos se fijan por un tiempo limitado de duración que establecerá el juez según los antecedentes del caso.

También en los supuestos de guarda de menores o incapaces el art. 237 CPCCN. dispone que el juez podrá fijar una prestación alimentaria por un plazo de treinta días, donde se procura que las personas protegidas gocen del sustento necesario para su subsistencia. Esta cuota sí tiene un plazo de caducidad.

Por otra parte, se ha aceptado la fijación de una cuota de alimentos provisorios mientras tramita un juicio de filiación aun cuando el título no se encuentre determinado, lo que recién ocurrirá cuando se dicte la sentencia que emplace al peticionante en el estado de hijo/a. En este supuesto sí se exige la acreditación de la verosimilitud del derecho invocado, la que puede estar dada por la situación del demandado en el juicio de filiación (rebeldía, incontestación de demanda) o por el resultado del estudio de ADN., o la presunción que surge de la inasistencia del accionado a la realización de dicho estudio en los términos de la ley 23511 (art. 4) de Banco Nacional de Datos Genéticos.

Así, se ha dicho que "...es procedente el otorgamiento de alimentos provisorios a quien, ante la falta de reconocimiento voluntario del progenitor, ha demandado a éste por filiación, si el vínculo invocado surge prima facie verosímil. Lo contrario importaría la creación de una imposibilidad formal insalvable al exigir una prueba indubitable que sólo podría obtenerse con la sentencia que declara esa filiación...". También se ha sostenido que "...si se encuentra acreditado prima facie mediante el respectivo estudio genético de ADN., la probabilidad de paternidad del demandado en un juicio de filiación, la fijación de una cuota alimentaria provisoria es procedente, con carácter cautelar, hasta el dictado de la correspondiente sentencia..."  (23).

En otro orden de ideas, también se pueden solicitar y conceder alimentos provisorios con anterioridad al inicio de un juicio de alimentos, los que se encuentran eximidos del trámite de mediación obligatoria, y que pueden ser encuadrados dentro del régimen de las medidas cautelares genéricas (art. 232 CPCCN.), o como medida innovativa en los términos del art. 230   CPCCN.

VI. ALIMENTOS PROVISORIOS EN EL JUICIO DE ALIMENTOS

Si bien es cierto que el juicio de alimentos es un proceso especial que se caracteriza por la celeridad de su curso, por una sumariedad en el procedimiento, que se traduce en la abreviación y simplificación de los trámites debido a la naturaleza de las prestaciones que procura satisfacer, no significa que no sea un verdadero proceso de conocimiento donde el demandado puede ejercer su derecho de defensa y donde existe bilateralidad y contradicción, si bien atenuada.

En este orden de ideas, esperar hasta el dictado de la sentencia de mérito que determine la cuota alimentaria definitiva puede dejar totalmente desprotegido el derecho de quien reclama alimentos. Es así que para tutelar debidamente estas necesidades impostergables de sustento se pueden solicitar desde el principio de la causa o durante su curso alimentos provisorios que permitan a la parte alimentada afrontar gastos imprescindibles durante el breve lapso de este proceso. Se trataría, pues, de una tutela provisional anticipada, que está destinada a cubrir de modo efectivo la necesidad del alimentista  (24) .

De acuerdo con lo prescripto en el art. 375   CCiv., desde el principio de la causa (juicio de alimentos legislado en el art. 638   y ss. CPCCN.) el juez podrá fijar alimentos provisorios para el actor si se justificare la absoluta falta de medios como para seguirlo.

Esta norma, si bien se refiere a la obligación alimentaria entre parientes, es aplicable para los restantes regímenes con sus propias modalidades, como por ejemplo, el que se deriva de la patria potestad y del derecho matrimonial.

El fundamento de esta prestación provisoria de alimentos es la imposibilidad de aguardar la sentencia de mérito, pues la necesidad de sustento no admite demora alguna. En alguna medida, implica anticipar la cuota alimentaria para resguardar la integridad física de las personas, sin que ello implique prejuzgamiento, como dijéramos, por su naturaleza cautelar.

Analizaremos a continuación los caracteres, el trámite, sus presupuestos de admisibilidad, el contenido de la prestación, el régimen de caducidad y el modo de impugnación.

a) Caracteres

Participa del carácter de provisoriedad de las medidas cautelares, pues tiene un plazo de duración. Así, pueden ser fijados desde el principio de la causa o en el curso de ella, y regirán hasta la sentencia definitiva.

En cuanto a la retroactividad, si bien no existe norma expresa como la del art. 644   CPCCN. para los definitivos, se ha sostenido que los alimentos provisorios se retrotraen al momento en el que fueron solicitados, de manera que si el pedido se formula después de interpuesta la demanda principal no correrán desde ésta, sino desde aquel pedido  (25) . Esto los distingue de los alimentos definitivos, que, como lo dispone el art. 644   citado, se retrotraen a la fecha de interposición de la demanda o de la realización de la mediación previa obligatoria.

A su vez, son variables, pues ‑y aunque excepcionalmente, atento al breve lapso a que están destinados a regir‑ pueden ser modificados, ya sea a solicitud del acreedor alimentante (ampliación del monto) o del deudor, quien puede requerir su reducción o cesación si las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su dictado variaren. Entendemos que el fundamento jurídico de esta modificación va a estar dado por lo dispuesto en el art. 203   CPCCN. y no por lo establecido en el art. 650   CPCCN., que se refiere a la vía de los incidentes de aumento, reducción y cesación de la cuota alimentaria fijada por sentencia definitiva  (26) .

b) Trámite

En cuanto al trámite que se le habrá de imprimir a la fijación de alimentos provisorios, en primer lugar cabe decir que se encuentran excluidos del procedimiento de mediación obligatoria, en los términos de los dispuesto en el art. 2   inc 6 ley 24573, lo que se deriva de su naturaleza cautelar, como ya se ha explicitado.

El juez competente para intervenir en la fijación de dichos alimentos, por el carácter accesorio de las medidas precautorias, es aquel al que le corresponde intervenir en el proceso principal en los términos del art. 6   inc. 4 CPCCN.

Un tema de trascendencia que suscita discrepancias en doctrina y jurisprudencia es el de si se fijan in audita pars o si requieren sustanciación previa.

Los alimentos provisorios pueden fijarse in audita pars, es decir, ante la sola solicitud del peticionante sin que, en principio, se admita como argumento en contra de su fijación la no producción de la prueba del alimentante, ni la afectación de su derecho de defensa en juicio  (27) .

Así, se ha sostenido que "dado que el proceso de fijación de cuota alimentaria es un proceso de conocimiento pleno sumamente abreviado, el pedido de alimentos provisorios debe tener un trámite aún más rápido pues quien lo solicita, alega una urgencia tal que ni siquiera puede esperar el dictado de esa sentencia. De ahí que por la urgencia y naturaleza del derecho que se resguarda, tal petición ‑al igual que las medidas cautelares comunes‑ pueden ser acogidas acreditada su verosimilitud, in audita parte, es decir, ante la sola petición de la actora pues este tipo de alimentos tiene carácter cautelar". Asimismo, que "...no resulta nula la providencia que fija alimentos provisorios sin haber escuchado al demandado, desde que dicho requisito no se encuentra exigido por la legislación vigente; las expresiones utilizadas por el art. 375   CCiv. no dejan lugar a dudas sobre la procedencia de la petición aún sin intervención del alimentante; el derecho de defensa en juicio de éste podría ser utilizado en el transcurso del proceso a los fines de la fijación de la cuota definitiva..."  (28) .

Sin perjuicio de lo dicho, siguiendo el carácter peculiar que tienen las medidas cautelares en los procesos de familia, que se traduce en que muchas de ellas se sustancian, entendemos, que por las graves consecuencias que puede implicarle al afectado el verse compelido a abonar una cuota alimentaria sin haber sido considerada su situación patrimonial o sin siquiera haber sido oído  (29) , previamente a ser fijada se deberá sustanciar el pedido, ya sea con un traslado previo o con la fijación de una audiencia. En ella el juez oirá a ambas partes (alimentado y alimentante) para tener un conocimiento más exhaustivo de las necesidades de los primeros y de la situación patrimonial del que deba procurarlos  (30) .

Ya Podetti sostenía que "el principio común en las medidas cautelares de la restricción de la audiencia del demandado en primera instancia ‑in audita parte‑ es asaz peligroso en esta materia [alimentaria] y la legislación y la jurisprudencia que lo admitían, van paulatinamente abandonando. Lo que debe instrumentarse es un procedimiento sencillo y ágil, pero nunca decidir en materia tan delicada y trascendente sin oír a quien va a soportar las consecuencias económicas de la decisión"  (31) .

Siguiendo estos lineamientos, si los alimentos provisorios se solicitan con la iniciación de la demanda de alimentos sería conveniente diferir su fijación hasta el momento en que se celebre la audiencia prevista en el art. 639   CPCCN.; ahora bien, si por alguna circunstancia imputable al alimentante (inasistencia injustificada) no se llevara ésta a cabo, no se podría diferir en el tiempo su resolución, justamente por las necesidades urgentes para la que están destinados.

De igual modo, si se sustanciara con un traslado previo a fin de oír al alimentante, debe serlo por el plazo más abreviado y tal sustanciación no debe dar lugar a la producción de prueba que desnaturalice la urgencia de la petición, a lo sumo la indispensable para acreditar las distintas posiciones.

c) Presupuestos

En cuanto a los presupuestos para la fijación de los alimentos provisorios, la verosimilitud del derecho invocado va a estar dada por el título en virtud del cual se reclaman, el que se acreditará con las respectivas partidas. Si los alimentos se solicitaren en virtud de la relación de parentesco, el pariente que lo pide debe acreditar sumariamente que le faltan los medios para alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo (arg. art. 370   CCiv.). Pero no se exige dicha acreditación si quien los reclama fuere la esposa o los hijos menores. En efecto, la cuota alimentaria es uno de los deberes que se imponen a los padres como contenido de la patria potestad ‑y no está sujeto, como en el caso de los restantes parientes, a la prueba de la necesidad por parte del reclamante  (32) ‑.

En igual sentido, no hace falta la acreditación sumaria del peligro en la demora: ésta se halla implícita en las impostergables necesidades que tiende a cubrir, sin perjuicio del diferente régimen legal por el que se soliciten (se requiere mayor rigor en los alimentos que se derivan del parentesco, no así respecto de los que tienen como base el ejercicio de la patria potestad).

En principio no se exigiría la fijación de contracautela real, personal o juratoria. En primer lugar, porque la ley sustancial no lo contempla; y por otra parte, por la naturaleza de la prestación y el estado de necesidad del requirente.

d) Contenido de la prestación

En lo que se refiere al contenido de la prestación alimentaria provisoria, en principio, se debe limitar al monto necesario para cubrir las necesidades imprescindibles hasta tanto se arrimen todos los elementos conducentes para la determinación de la pensión definitiva. Ya la jurisprudencia ha sostenido que para la fijación del quantum de la cuota alimentaria provisional debe tenerse en cuenta la finalidad de la misma, cual es la de permitir a los alimentados afrontar gastos imprescindibles durante el breve lapso del proceso establecido por el art. 638   y ss. CPCCN. teniendo en cuenta la prueba aportada.

Asimismo, que "...la fijación de alimentos provisorios se establece conforme a lo que prima facie surja de los elementos que hasta ese momento se hubieren aportado a la causa sin que sea necesario que exista una prueba acabada. Es independiente de ese primer análisis el más completo que se realizará al momento de dictar sentencia con todos los elementos probatorios y las argumentaciones de las partes ya reunidas en el expediente..."  (33) .

De cualquier manera, entendemos que la prestación debe cubrir los gastos necesarios que hacen no sólo a la vivienda y alimentación sino también al vestido, atención médica y esparcimiento del beneficiario, por supuesto, según el mérito que arrojen los hechos, debiendo el juez obrar con suma prudencia, pues no cuenta aún con todos los elementos del proceso  (34) .

Es importante resaltar que una característica de la resolución que admite los alimentos provisorios, como dijéramos, y que es particular de ésta (distinguiéndola del resto de las medidas cautelares), es que se puede disponer directamente del objeto de la cautela, por lo que se permite percibir el monto fijado aunque aún no esté determinado definitivamente, lo que no podría ser de otra manera, atento a la naturaleza y a la función a la que están destinados.

e) Régimen de caducidad

Asimismo, la fijación de alimentos provisorios no está sujeta al régimen de caducidad que se deriva del art. 207   CPCCN. para las medidas cautelares en general, pues no lo requiere la ley civil sustancial y no se compadece con los deberes familiares  (35) . Sin perjuicio de ello, si se solicitaren con anterioridad a la demanda de alimentos sería aconsejable que los jueces fijaran un plazo de caducidad para no afectar sine die los derechos del alimentante. Adviértase, a modo de ejemplo, el perjuicio que podría implicar para el deudor alimentario el establecimiento de dichos alimentos dentro del limitado ámbito cognoscitivo que tiene el juez para su dictado como cautelar (en algunos supuestos sin ser siquiera oído) y no fijar un plazo de vigencia. De allí que entendamos que si los alimentos provisorios son fijados con anterioridad a la demanda de alimentos se deberá establecer un plazo para la iniciación de la acción principal bajo apercibimiento de tenerse por desistida la cuota fijada; ello, creemos, es lo que mejor contempla los intereses de ambos litigantes.

f) Modo de impugnación

Tratándose los alimentos provisorios de una medida cautelar, pueden ser impugnados por medio del recurso de revocatoria en los términos del art. 638   CPCCN., para que el mismo juez que los decretó los modifique o los deje sin efecto.

Por último, y en lo que hace al régimen de apelación, por tratarse los alimentos provisorios de una medida cautelar, como sostuviéramos, la apelación que se dedujere contra la resolución que los admite se concederá en relación y al solo efecto devolutivo, lo que significa que la medida se cumplirá y la cuota deberá ser depositada mientras se sustancie y se resuelva el recurso por el superior.

Reiteramos que no se trata de alimentos definitivos sujetos al régimen de apelación del art. 647   CPCCN., que expresamente le confiere dicho efecto al recurso contra la sentencia definitiva de alimentos que los admite. De allí la importancia de que se conceptualice a los provisorios como medida cautelar, atento al carácter de excepción del recurso que se concede con dicho efecto. Ello se traduce en que el acreedor alimentario podrá solicitar la ejecución de la cuota provisoria fijada sin aguardar la resolución que recaiga en la alzada.

NOTAS:
(1) Berizonce, Roberto O., "La tipicidad del proceso de familia y su reflejo en la tutela cautelar y anticipatoria", Revista de Derecho Procesal, "Medidas cautelares", t. I, ps. 145/167.

(2) Kielmanovich, Jorge L., "Medidas cautelares", Ed. Rubinzal‑Culzoni, p. 135 y ss.

(3) Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", vol. VIII , Ed. Abeledo‑Perrot, ps. 255/260; Podetti, J. R., "Tratado de las medidas cautelares", p. 362.

(4) De Lázzari, Eduardo, "Medidas cautelares", Ed. Platense, p. 139.

(5) El art. 133 RJNC. dispone: "Las medidas establecidas por el art. 629   CPCCN. deberán ser dictadas por los jueces de inmediato, sin exceder el plazo de tres días contados desde que tomaren conocimiento de que la demencia es inequívoca y notoria, y de la peligrosidad del enfermo".

(6) Colombo, C., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, p. 333.

(7) Guahnon, Silvia, "Medidas cautelares en los procesos de familia", JA 2002‑I‑1052 .

(8) Ventura y Stilerman, "Alimentos", Ed. El Foro, p. 157.

(9) De Lázzari, Eduardo, "Medidas cautelares" cit., p. 198.

(10) Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil" cit., t. VI , p. 552; Bossert, Gustavo A., "Régimen jurídico de los alimentos", ps. 521/522; Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" cit., t. II, p. 288; Serantes Peña y Palma, "Código Procesal Civil y Comercial. Anotado y comentado", t. III, p 130; Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial. Anotado, concordado y comentado", t. IV, p. 249.

(11) Conf. C. Nac. Civ., sala B, "R. V. L. v. C. R. C. s/med. precaut."   , del 27/10/1994, sum. 0004302; íd., sala F, del 25/4/1984, JA 1984‑3‑99; íd., sala G, "R. M. M. v. P. C.", del 27/5/1986, LL 1987‑B‑584; íd., sala C, "S. S. y otros v. A. I.", del 23/4/1993, JA 1995‑I‑55   ; íd., sala F, "L. de C. v. D. A.", del 16/3/1983, LL 1983‑C‑146; íd., sala K, "F. de F. C. v. F. L. M."   , del 7/5/1997, LL 1998‑D‑934; íd., sala G, "R. M. M. v. P. C.", del 27/5/1986, LL 1987‑B‑584; íd., sala B, "C. de S. M. v. S. M. J.", del 4/7/1991, LL 1992‑D‑645; íd., sala B, "C. M. C. v. F. G. R."   , del 2/4/1997, LL 1998‑D‑934; ver al respecto Digesto Práctico LL, "Alimentos".

(12) Míguez, Agustín A., "El embargo como garantía del pago de cuotas alimentarias futuras", LL 1998 B‑1152.

(13) Palacio, "Derecho Procesal Civil" cit., t. VIII , p. 100.

(14) En efecto, el embargo que se pide en un juicio de ejecución de alimentos requiere de la previa intimación (ver Falcón, Enrique, "Código Procesal Civil y Comercial. Anotado concordado y comentado" cit., p. 249).

(15) Ver nuestro trabajo sobre "Medidas cautelares" en "Materiales del Derecho Procesal", compilado por Trionfetti, Víctor, Ed. Depto. de Publicaciones de la Fac. de Derecho de la UBA., p. 136.

(16) Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil" cit., p. 175.

(17) Kielmanovich, Jorge L., "Medidas cautelares", p. 371; Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil" cit., p. 179 y ss.

(18) Kielmanovich, Jorge L. "Procesos de familia" , Ed. Abeledo‑Perrot, p. 34.

(19) De Lázzari, Eduardo, "Medidas cautelares" cit., p. 198.

(20) Conf. C. Nac. Civ., sala M, "P. C. v. R. J. s/inc. familia"   , del 23/11/2000, sum. 0013922.

(21) Conf. C. Nac. Civ., sala E, "L. J. A y otra", de oct. de 1982, LL 1983‑90; en igual sentido, íd., sala F, "G. de M. v. M.", del 12/3/1985, LL 1985‑E‑395; íd., sala F, "R. de N. A. v. N. S.", del 27/2/1979, LL 1979‑B‑503; íd., sala L, "P. P. v. G. W. W. s/recusación con causa", del 22/12/1998.

(22) Bossert, Gustavo A., "Régimen jurídico de los alimentos" cit., p. 42.

(23) Conf. C. Nac. Civ., sala A, 27/10/1988, "A. I. M. v. M. G.", LL 1989‑1‑905; íd., sala C, 10/2/1981, "R. M. E. v. M. C. M. s/suc.", ED 93‑415; íd., sala A, 15/5/1995, "A. R. A. v. G. F."   , LL 1996‑B‑732; íd., sala M, 30/6/1997, "S. M. s/art. 250", JA 1999‑II‑454   ; íd., sala H, 28/2/1992   , ED 148‑435; íd., sala E, 13/6/1983, LL 1984‑A‑46; íd., sala C, 27/11/1997, ED 248‑98.

(24) Morello, Sosa y Berizonce, "Código Procesal en lo Civil y Comercial de la prov. de Bs. As. y de la Nación comentado y anotado", t. VII‑A, p. 242.

(25) Conf. C. Nac. Civ., sala A, 11/6/1997, "R. M. v. G. A.", LL 1998‑B‑207; íd., sala D, 7/6/1983, "B. S. E. v. S. M.", LL 1984‑A‑103; íd., sala E, 7/5/1979, "E. de S. v. S. B.", LL 1979‑C‑16.

(26) En igual sentido, Kielmanovich, Jorge, "Medidas cautelares" cit., p. 144; en contra, Bossert, Gustavo, "Régimen jurídico de los alimentos" cit., p. 334; C. Nac. Civ., sala C, 15/11/1995, "G. E. v. O. J.", LL 1997‑C‑968.

(27) Conf. fallo de la C. Apels. Concepción del Uruguay, sala Civ. y Com. del 27/12/1991.

(28) Conf. C. Nac. Civ., sala D, 12/6/1998, "L. de G. v. G. E.", LL 1999‑C‑174; íd., sala I, 1/10/1998; íd., sala K, 13/2/1992, "F. G. v. C. R.", LL 1993‑B‑463; íd., sala K, 27/12/1993.

(29) Ver al respecto en Revista de Derecho Procesal, "Derecho Procesal de Familia", t. I, p. 351 y ss., Rojas, Jorge, "Alimentos provisorios. ¿Especie de los sistemas cautelares?".

(30) Guahnon, Silvia, "Medidas cautelares en los procesos de familia" cit.

(31) Podetti, J. R., "Tratado de las medidas cautelares" cit., p. 362.

(32) Conf. C. Nac. Civ., sala B, 5/4/1993, "C. M. v. R. H.", LL 1994‑D‑44; íd., sala F, 17/9/1998, "C. E. L v. E. F.".

(33) Conf. C. Nac. Civ., sala C, 15/11/1995, "G. I. v. O. J.", LL 1997‑C‑968; íd., sala A, 16/9/1988, "D. F. v. S.", LL 1990‑A‑683; íd., sala A, 30/4/1992, "R. de B. v. B. H.", LL 1993‑B‑463; íd., sala C, 7/6/1983, "M. de P. v. M. C.", LL 1984‑A‑492; íd., sala A, 8/3/1994, JA 1994‑IV‑244.

(34) Conf. C. Nac. Civ., sala K, 13/2/1992, "F. C. v. C. R.", LL 1993‑B‑643.

(35) Colombo, C., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" cit., t. I, p. 333.

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